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En el Hospital de Gineco-Obstetricia No.4 “Luis Castelazo Ayala” de Ciudad de México, a una mujer con 40.4 semanas de embarazo se le suministró medicamento para facilitar la dilatación durante su labor de parto, lo cual fracasó, sin embargo, la paciente pidió que se le practicara una cesárea, lo que se le negó.
“Un médico tomó una pinza y un cómodo para realizar el rompimiento de la fuente, introdujo una mano y con la otra presionó el abdomen hacia abajo”, esto lo repitió tres veces y prosiguió con tactos vaginales hasta que se le informó sobre la imposibilidad del parto natural y fue trasladada a un quirófano para practicarle la cesárea.
El recién nacido no lloró y fue reportado como grave por lo que se le trasladó a terapia intensiva, de acuerdo con el reporte de un familiar, el niño sufrió una crisis convulsiva por inflamación del cerebro, fractura craneal, hematomas y cúmulo de sangre entre el cráneo y la piel, por lo que fue internado en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Por lo que se elaboró una queja en CNDH, que detalla que el menor sufrió daños neurológicos, alteración del movimiento en las cuatro extremidades, sobre todo del lado izquierdo y enfrenta la posibilidad de afectación a la función del lenguaje y nivel cognitivo.
La recomendación solicita la reparación integral del daño a madre e hijo, así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, además de que el bebé deberá recibir atención médica especializada con carácter vitalicio y en su caso incluir la provisión de medicamentos para “alcanzar el disfrute del nivel de salud más alto posible”.
Además, se deberá garantiza el acceso para la madre a servicios gratuitos de guardería y cuidado, así como un incentivo al desarrollo social y educativo que asegure “su desenvolvimiento pleno y una vida independiente y autónoma”, con objeto de proporcionárselo, la autoridad debe crear dentro de plazo máximo de seis meses un fideicomiso.
