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«Es tiempo de devolverle realmente el poder a la gente, de construir instituciones verdaderamente democráticas y de garantizar que la justicia no sea un privilegio, sino una realidad cotidiana», afirmó el diputado del PRI, Memo Valencia, al proponer en el Congreso del Estado que el fiscal general de Michoacán sea electo en las urnas y no designado.
«La justicia no puede seguir secuestrada por intereses políticos y menos aún estar sujeta a negociaciones populares que poco o nada representan, en una sociedad donde el miedo es parte de la vida cotidiana. Es urgente construir un modelo de procuración de justicia que rinda cuentas de manera directa al pueblo, no basta con hablar de autonomía en un discurso si en la práctica el fiscal en turno sigue respondiendo a las estructuras de poder que lo colocaron en el cargo», dijo.
El legislador indicó que reformas como la que él propone debió hacerse antes de pensar en la reforma al Poder Judicial, porque mencionó, Morena solo atacó el problema por la parte final, cuando lo ideal era comenzar por las fiscalías.
«El gobierno emanado de Morena y sus aliados, con un correcto diagnóstico sobre la deficiencia de la aplicación de justicia en nuestro país, decidió democratizar o electoralizar la elección de juzgadores del país, lo que inmediatamente fue replicado en nuestra entidad, sin embargo, tanto en lo federal como en lo local, el error es el mismo. Atacaron el problema por la parte final. Lo que mal empieza mal acaba», comentó.
Memo Valencia refirió también que este proyecto surge de una exigencia social legítima por justicia pronta, imparcial y eficaz, porque el pueblo pide «no más fiscales que administran el castigo con discrecionalidad. No más fiscales que simulan autonomía mientras responden a intereses ocultos. No más fiscales haciéndose ricos de la noche a la mañana. La justicia debe estar en manos de la gente y ser un instrumento de bienestar común, no un arma de negociación política o económica».
La iniciativa con proyecto de decreto que busca derogar la fracción XXXVI del artículo 44 y reformar los artículos 100 y 102 de la Constitución Política de Michoacán, establece un periodo de seis años para el personal de la Fiscalía General, en lugar de nueve actuales, esto permitirá empatar la elección de esta figura con los comicios electorales intermedios de la elección del Poder Ejecutivo, para evitar la perpetuación en el poder.
Finalmente, el diputado del Revolucionario Institucional argumentó que la reforma constituye un paso histórico para que la piedra angular de la justicia deje de ser privilegio de élites y se convierta en un derecho efectivo y tangible para todos.
