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Para alinear las disposiciones estatales con las federales en el ámbito del Poder Judicial, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Hugo Rangel Vargas, presentó una iniciativa para reformar y derogar diversos ordenamientos de la Constitución Política de Michoacán.
En el marco de la Sesión Ordinaria celebrada el pasado jueves, el legislador petista manifestó que la adecuación de la Constitución de Michoacán referida, es una medida preventiva para asegurar que el marco jurídico estatal sea congruente con el federal, lo que permitirá que nuestra entidad garantice la correcta implementación de los preceptos federales en la materia.
En su exposición de motivos, puntualizó que esta reforma “es fundamental para asegurar que las personas puedan acceder a un sistema de justicia más incluyente y equitativo, así como para modificar el proceso de designación de los titulares del Poder Judicial para que sean electos por el voto popular; en este sentido, es imperativo que el Estado adopte y adapte estos principios a su contexto particular, con el fin de mejorar el acceso a la justicia para la ciudadanía michoacana”, agregó.
Rangel Vargas refirió que con esta Iniciativa se pretende erradicar de manera definitiva el olvido y la marginación que en materia judicial padecen las y los campesinos y comunidades indígenas y con ello se quiere garantizar que el acceso a la justicia sea efectivo, que la cobertura de los servicios judiciales en las áreas y comunidades rurales sea una garantía.
Y es que, hoy en día, en nuestra realidad, factores como el difícil acceso a las instituciones de impartición de justicia para quienes habitan en comunidades alejadas y con alta marginación económica y social, se ha convertido en un problema estructural.
“En la impartición de justicia en Michoacán debe erradicarse la discriminación del pleno ejercicio de los derechos a la población vulnerable, para garantizar la justicia social, porque a pesar de los avances legislativos y las reformas judiciales, persisten graves deficiencias para facilitar el acceso a la justicia y garantizar el derecho a la defensa en Michoacán”, citó el legislador.
Agregó que no todos los ciudadanos cuentan con los medios, conocimientos o circunstancias adecuadas para defenderse de manera efectiva y que “esta falta de acceso, ha afectado a personas que, social y económicamente, se encuentran en desventaja debido a su desconocimiento, ubicación geográfica, origen étnico, género o condición económica. Estas barreras impiden que sectores vulnerables accedan a los servicios de defensa legal necesarios para la protección de sus derechos fundamentales”, añadió.
Por último, Rangel Vargas, fue enfático al señalar que, con esta propuesta, se cancela cualquier posibilidad de que haya acuerdos en “lo oscurito” entre los poderes; es decir, el mandato constitucional es por elección directa y con transparencia, por lo que esto es lo que se debe honrar y plasmar en la Constitución local, cerrando el paso a grupos fácticos o de interés particulares alejados del propósito de la reforma.
