STAFF/Marina Alejandra Martínez
Según el último reporte de Integralia Consultores, el proceso electoral 2023-2024 ha sido el más violento de la historia moderna de México, con un aumento de víctimas cercano al 200 por ciento, en comparación con los comicios del año 2021.
La problemática se concentró principalmente en el centro, occidente y suroeste del país, destacando los estados de Guerrero, Chiapas y Michoacán.
En su informe, Integralia documentó 886 víctimas de violencia política, incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos.
Las víctimas de violencia política incrementaron un 197.3 por ciento en comparación con 2021 y 132.7 por ciento frente a 2018.
El crimen organizado sometió a muchos municipios para fortalecer sus redes de impunidad, concentrando el 75 por ciento de los ataques contra candidaturas en el ámbito municipal.
«Después de las elecciones, habrá más territorios con menores oportunidades de desarrollo, competitividad y libertad: los grupos criminales ejercen violencia política- electoral para poner a los nuevos gobiernos a su servicio, a incrementar su control sobre los territorios locales. Después de las elecciones habrá más regiones bajo las reglas del crimen organizado, lo que incrementa de forma cotidiana los riesgos políticos, económicos y sociales para comunidades, organizaciones y empresas», cita.
Además, el 92 por ciento de las candidaturas asesinadas, buscaban un puesto de elección en dicho nivel de gobierno, principalmente presidencias municipales.
El reporte también indica que, la violencia política, fue un factor determinante en algunos resultados de las elecciones locales, ya que, los grupos criminales ejercieron violencia política-electoral, para poner a los nuevos gobiernos a su servicio y aumentar su control sobre los territorios locales.
Integralia, sugiere que, el nuevo gobierno federal, podría implementar una política nacional, para contrarrestar el control territorial del crimen organizado.
Entre las posibles rutas mencionadas están la disolución de las bases sociales del crimen, la neutralización de generadores de violencia y el desmantelamiento de mercados ilícitos.
