#Michoacán Jurista Jubilado Acusa Que Guardia Civil Lo Extorsionó Y Lastimó
STAFF/ Marina Alejandra Martínez
En una nueva denuncia que involucra a elementos de la Guardia Civil (GC), el jurista jubilado Francisco Javier Canales, quien se desempeñó por casi tres décadas como Supervisor de la Defensoría Pública en el Poder Judicial de la Federación (PJF), denunció pública y legalmente un caso de presunta corrupción, privación ilegal de la libertad, robo y abuso de autoridad en el municipio de Zacapu.
Canales relató que, el pasado 18 de julio, mientras se trasladaba en compañía de un amigo, elementos de la GC, detuvieron su camioneta sin presentar una orden judicial.
Tras una revisión injustificada, fue arrestado bajo el pretexto de faltas administrativas, cuyas especificaciones nunca le fueron aclaradas.
Durante su detención, fue amenazado y humillado dentro de la patrulla, y posteriormente trasladado al área conocida como Barandillas en Zacapu.
Ahí, le exigieron el pago de mil 500 pesos a cambio de libertad, sin proporcionar ningún documento que avalara el pago de la fianza, ni los nombres de los policías involucrados.
«Están robando a la ciudadanía a lo descarado, me esposaron, me tomaron fotografías, me retuvieron al igual que un delincuente, sin haber cometido ningún tipo de delito, no se identificaron y lo único que me exigían era el pago de mil 500 pesos, para recuperar mi libertad, yo como conocedor de leyes, no podía creer la arbitrariedad que estaba sufriendo, no puedo imaginar al resto de la población en la indefensión en la que se encuentra», lamentó.
El jurista, con varias maestrías y una vasta experiencia en el PJF, destacó la falta de oportunidad para defenderse de las acusaciones infundadas, y la ausencia de identificación de los elementos de la GC, que lo esposaron y trasladaron.
Canales calificó estos actos como un claro caso de abuso de autoridad, privación de la libertad y extorsión.
El abogado, señaló que, no es la primera vez, que en Zacapu, se presentan este tipo de situaciones, donde la GC y la Policía Municipal, detienen a ciudadanos sin motivo, los privan de su libertad y posteriormente les exigen pagos para su liberación.
Ante esta situación, el abogado presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y una querella en Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Además, no descartó acudir a las instancias federales en la Ciudad de México, denunciando estos actos como amenazas, privación ilegal de la libertad, falsedad de declaraciones por parte de los uniformados, extorsión, robo y abuso de poder.
Finalmente, Canales, denunció la complicidad de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Luis Felipe León Balvanera, quienes, según el jurista, están lastimando a los ciudadanos de bien, aprovechándose de la ley, para extorsionarlos, exigiéndoles determinada cantidad económica a cambio de no sembrarles un delito y puedan recuperar su libertad.
