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Según informes de diversos organismos internacionales y líderes indígenas locales, Michoacán, se ha convertido en el epicentro de la violencia contra los defensores ambientales y del territorio en México, con más de 60 víctimas desde hace 40 años.
El año 2023 fue catalogado como el más violento a nivel nacional, registrando 123 eventos de agresión, con 19 desapariciones y 20 asesinatos.
Uno de los sectores más afectados fue el corredor minero entre Jalisco y Michoacán.
Entre los casos más destacados de defensores ambientales asesinados en Michoacán se encuentran Pedro Pascual, Miguel de Jesús, Saúl Nemesio, Miguel Estrada, Rolando Magno Zambrano, todos ellos eran integrantes de las guardias comunales y activistas locales que luchaban por la protección del medio ambiente y el territorio.
Así como Eustasio Alcalá, quien frenó la explotación minera en Aquila, Juan Medina en Chinicuila, quien luchaba por la defensa núcleo agraria.
Otras víctimas se encuentran Lorenzo Froylán en Ostula, Alfredo Cisneros Madrigal, presidente de bienes comunales y que combatió la talla ilegal en favor del monocultivo de aguacate, Homero Gómez González defensor de la mariposa monarca en el oriente michoacano y días más tarde, Raúl Hernández Romero guía turístico del ejido El Rosario.
Pavel Guzmán Ulianov, presidente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), entrevistado para Changoonga, denunció que, el 100 por ciento de los casos de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales y de territorio permanecen en la impunidad, identificando a los principales agresores, como entidades gubernamentales seguidas de la delincuencia organizada.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre los años 2019 y 2023, 102 ambientalistas sufrieron agresiones letales en el estado.
En el año 2023, Michoacán encabezó la lista con siete personas afectadas, seguido de Guerrero con seis, y en tercer lugar Oaxaca y el Estado de México con dos cada uno. Sonora, Jalisco e Hidalgo registraron un caso cada uno.
Organizaciones internacionales como Mongavay y Amnistía Internacional, han clasificado a México, como uno de los países más peligrosos del mundo para el activismo ambiental y la defensa del territorio, situándolo al lado de Colombia y Brasil.
Asimismo, Amnistía Internacional, ha señalado las zonas mineras y forestales en México y principalmente de Michoacán, como focos rojos de violencia y riesgo para los defensores ambientales y de territorio.
