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El pleno de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, aprobó que toda persona que intente o ejerza el delito de extorsión ya sea de manera personal, telefónica o electrónicamente, podría ser acreedor de 15 hasta 25 años de cárcel, además de que el delito será perseguido de oficio cuando el Ministerio Público tenga noticia por cualquier medio de su ejecución.
Lo anterior, fue aprobado por unanimidad con 25 votos a favor por los diputados locales, aludiendo a que dicha propuesta, forma parte de una propuesta enviada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en donde se reformaron artículos 187 bis, 187 ter y 187 quater, y la derogación de los artículos 224 y 225 del Código Penal del Estado.
Ante estás cifras, es importante mencionar que durante el 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) contabilizó un total de 65 casos de extorsión, mientras que en 2021, se registraron un total de 61 casos por el mismo delito.
Se conoce también, que los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe 2022) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), indican que la extorsión fue el principal delito cometido en Michoacán, resaltando que el 28% de los encuestados afirmaron haber sido víctimas de tal delito, seguido de otros como fraude, amenazas verbales y robo en vía pública a mano armada.
