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Si los niveles de gobierno en Michoacán no quieren manifestaciones, que se pongan a trabajar y dejen de hacer mal uso del erario público y cometer excesos de poder; si quieren cuidarse entre sí y, a la clase pudiente, que lo hagan con sus propios recursos y no con lo que le pertenece al pueblo, fue la postura presentada este día por integrantes de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) quienes coincidieron en apuntar que “no callarán la voz del pueblo” con una Ley Antimarchas.
La posición de los trabajadores del volante, es de total rechazo a esta Ley, señalaron a una sola voz luego de solicitar a su dirigente José Trinidad Martínez Pasalagua, aplicar las estrategias necesarias para evitar lo que calificaron como “una ley mordaza”.
Asimismo se refirieron al diputado Mario Armando Mendoza para quien la solución a las manifestaciones es la represión con la fuerza pública, “un representante del pueblo legisla para enfrentar pueblo con pueblo; que aberración”, apuntaron al precisaron que en este rechazo, los transportistas no van solos y eso, deben tenerlo claro quienes desde el confort de una curul pretenden colocar una mordaza al pueblo.
En su momento Martínez Pasalagua, lamentó la postura de los legisladores y consideró que les resulta más cómodo impulsar una ley de este tipo, que resolver y responder las demandas de una población cansada de la corrupción y malos gobiernos.
Si existen manifestaciones dijo, es porque existen problemas sin resolver y porque faltan estrategias de atención por parte de las administraciones gubernamentales que pretenden callar la voz de los que menos tienen privilegiando sus intereses y los intereses de quienes no tienen necesidad de levantar la voz en la calle porque resuelven sus problemas pero, levantando el teléfono desde la comodidad de elegantes oficinas.
El dirigente transportista fue insistente al señalar y hacer un llamado a los legisladores a que analicen el origen de las marchas y manifestaciones pero sin la miopía convenenciera que aprueba para gobiernos millonarias deudas pero pretende colocar una mordaza a la ciudadanía para que no opine y siga aguantando los efectos de la corrupción y abuso de poder.
Finalmente refirió que la posición y empecinamiento legislativo en callar la voz del pueblo, obligará a que los grupos de ciudadanos organizados y diferentes sectores acudan a otras instancias por no sentirse representados por los diputados que perdieron la visión de los padecimientos de un pueblo golpeado por los efectos de la corrupción y del derecho a la libre manifestación y expresión de ideas que son unas de las garantías individuales consagradas en los artículos 6° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
