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Durante la tarde de este miércoles, la CNDH difundió un comunicado en sus redes sociales, el cual está dirigido al gober de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y al Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, sobre los hechos ocurridos en abril de 2017 en Arantepacua, en el que hubo “violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura”.
Pues el 4 de abril de 2017 alrededor de 200 policías estatales y ministeriales ingresaron a la comunidad indígena de Arantepacua en la Meseta Purépecha con el objetivo de recuperar camionetas, camiones y tráileres que fueron retenidas ilegalmente por comuneros; sin embargo, según testigos, los policías fueron recibidos a balazos, desatando una balacera que duró más de una hora y, luego de pedir refuerzos, se congregaron 400 elementos policiales.
A raíz de esto, 38 personas de la comunidad indígena fueron detenidas y, al momento de realizar el despliegue comenzando los disparos y la persecución de comuneros, la cual terminó con 4 de ellos muertos, entre ellos un chavito de 16 años.
“El operativo concluyó con 5 fallecimientos (un adolescente, tres adultos y un policía estatal); un número indeterminado de heridos; múltiples personas afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos; cateos y allanamientos a domicilios”, señala el comunicado.
Ante estos hechos ocurridos hace 3 años, la CNDH mencionó que el uso de la fuerza que fue utilizado por la SSP y la PGJ-M fue ilegal y excesivo por ser indiscriminado, innecesario y desproporcionado; además de que en la bitácora de radiocomunicación proporcionada por la SSP, clasificaron el incidente como “enfrentamiento con grupos armados”.
“Se documentó la presencia de un helicóptero azul que dotó de armas y municiones a elementos policiales que se encontraban en tierra, lo que indudablemente implicó la pérdida de control y supervisión respecto del uso de la fuerza letal por parte de la SSP y la PGJ-M”, informan.
Asimismo, la CNDH emitió 15 recomendaciones, de los cuales 7 son dirigidos al Gobierno del Estado y 8 a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en los que piden una disculpa pública por parte del gober Silvano Aureoles Conejo y el Fiscal Adrián López Solís, para dignificar a las víctimas reconociendo su responsabilidad, la cual además, debe ser traducida al purépecha y difundida en una radiodifusora con alcance en la comunidad de Arantepacua y en un medio de comunicación local.
“Con la finalidad de garantizar la no repetición de los hechos, se solicita el uso obligatorio de cámaras fotográficas, de video y audio en los operativos (…) la compensación e inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que puedan recibir atención médica, psicológica y tanatológica que requieran”, puntualizan.
