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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó una iniciativa de ley, misma que envió al Congreso de la Unión para eliminar el mecanismo de subcontratación de trabajadores, también conocido como outsourcing.
Lo anterior bajo el argumento de que su gobierno no puede permitirse ser cómplice de las violaciones de derechos laborales perpetradas por empresas abusivas.
Asimismo, consideró que las reformas laborales impulsadas durante el periodo neoliberal no hicieron más que perjudicar a los trabajadores y defraudar la Hacienda Pública.
La iniciativa pide la prohibición de la subcontratación de personal, para que los patrones se hagan cargo de los empleados, además piden multas de hasta 4 millones de pesos y cárcel.
Estos son los puntos que estipula la iniciativa:
- Con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
- Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.
- Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.
- Las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público.
- Quedan permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán como patrones.
- La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos.
- Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento; además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.
- La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2021, tras lo cual la STPS deberé expedir reglas y una vez publicadas éstas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización de la dependencia para ello.
