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En los últimos dos sexenios la condonación de impuestos ha representado una pérdida de 400 mil 902 millones de pesos para las finanzas del país, señaló Alfredo Ramírez y celebró que una de las acciones relevantes de la cuarta transformación haya sido poner fin a esta práctica.
En la sesión de este martes, el pleno de la LXXIV Legislatura fue notificado de la recepción de la minuta que reforma el primer párrafo del Artículo 28 de la Constitución, enviada por el Senado a las legislaturas locales para su aprobación, ya que se necesita que sea ratificada al menos por 17 Congresos estatales para poder entrar en vigor.
El diputado Ramírez Bedolla subrayó la importancia de que esta enmienda sea ratificada por el Congreso de Michoacán, ya que implica asumir postura en favor de que no se permita la condonación de impuestos, una práctica perniciosa que degeneró en un privilegio para los contribuyentes con mayor poder económico, en detrimento de la inversión en acciones para el beneficio general de las y los mexicanos.
Durante el periodo que va del año 2007 al 2018, solo 108 contribuyentes concentraron el 54 por ciento de la suma total en impuestos condonados, lo que equivale a 213 mil millones de pesos, apuntó el legislador de Morena y añadió que de ese universo, 48 contribuyentes fueron beneficiados tanto en el sexenio del panista Felipe Calderón como en el del priísta Enrique Peña Nieto.
Alfredo Ramírez puntualizó que esta reforma eleva a rango constitucional una disposición que el Presidente Andrés Manuel López Obrador implementó a través de un decreto publicado el 20 de mayo del presente año por el que se deja sin efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales.
El legislador añadió que la condonación de impuestos tenía como objetivo normalizar la actividad productiva y comercial en sectores que requerían apoyo, y evitar así la desaceleración económica; » es evidente que está medida se desvió de su propósito original, y por ello debe ser cancelada, ya que lejos de contribuir a revitalizar la economía interna, vulnera las finanzas públicas», subrayó.
El dictamen fue remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para su análisis, dictaminación y posterior votación en el pleno de la LXXIV Legislatura.
