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Quien Mate A Abejas Podría Ser Multado Con Hasta 8 Mil Pesos En Fifíjuato

Siempre fifí nunca infifí, quizá ellos ya entendieron todo y por eso se ha aprobado una ley para la protección de las abejas, quienes maten o retiren un enjambre sin consentimiento podrá ser multado.

STAFF/@michangoonga

En el estado de Guanajuato las personas que maten abejas o retiren enjambres sin autorización de la autoridad podrían pagar una multa de hasta 8 mil pesos, esto luego de que integrantes de la comisión de Fomento Agropecuario del Congreso local, aprobaron por unanimidad el dictamen de la iniciativa panista de Ley para la Protección a las Abejas y el Desarrollo Apícola

El legislador del PAN apuntó que la encargada de realizar las investigaciones en caso de que se afecte a las abejas y de aplicar las sanciones respectivas será la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural del Estado.

“Lo que es la protección de las abejas tiene mucho que ver con la Ley Ganadera entonces tendrá que hacer precisamente los inspectores que se dedican al tema ganadero tendrán que estar vigilando esos temas”.

Comentó que al menos el 75 por ciento de los productos que se consumen las viviendas de Guanajuato polinizados por las abejas y por ello la importancia de cuidarlas.

“La intención es aumentar la biodiversidad en los campos de cultivo e incrementar el desarrollo de prácticas agrícolas ecológicas para mejorar la salud del ecosistema.”

Además, la nueva Ley para la Protección a las Abejas establece que la multa se dará a quienes destruyan enjambres o colmenas total o parcialmente, usen productos químicos con la finalidad de dañar los enjambres o colmenas, no cumplan con las medidas de seguridad que dicten las autoridades competentes para la protección de las personas y animales, entre varias más.

La ley también establece que en el Presupuesto de Egresos 2020 del Ejecutivo Estatal se deben destinar los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad apícola.

El dictamen aprobado por la comisión de Fomento Agropecuario será turnado al Pleno del Congreso para que a su vez apruebe la iniciativa y pueda entrar en vigor.

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