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La Oficial 11 del Registro Civil, María Teresa Carrizales, sufrió un acto de abuso de poder del ayuntamiento de San Luis Potosí a través del secretario general Sebastián Pérez García y el titular de la DGSPM, Edgar Jiménez, este pasado lunes al ser desalojada con violencia de su oficina.
Por instrucciones de Pérez, Jiménez encabezó el operativo en contra de la oficial sin mandamiento legal.
A pesar de que la abogada María Teresa no podía defenderse y mostró su nombramiento, el jefe policiaco recurrió al uso de la fuerza con varios agentes como si fuera una delincuente, “me están lastimando”, gritó en reiteradas ocasiones y la arrastraron para sacarla, incluso la esposaron.
Pese a que en el video se observan agresiones y el testimonio de la mujer asegurando encontrarse lastimada, la alcaldía de la capital potosina indicó que el desalojo de María Teresa Carrizales “se realizó conforme a derecho”, y que ninguno de los elementos que participó en el desalojo sería sancionado por este caso.
Con el presunto argumento de que la oficial había rechazado una indemnización y que violentó los sellos y chapas de su oficina, el desalojo fue avalado por la coordinadora de Derechos Humanos del Municipio, Olga Palacios; también la CEDH envió un representante, pero solo para atestiguar los hechos sin mover un solo dedo.
