STAFF/Alejandro Amado-@Letravierta
A un año de haber entrado en vigor la reforma al Artículo 117 del Código Familiar del estado de Michoacán, la cual permitió el cambio de género –masculino o femenino- en el acta de nacimiento, Edén Irene Valdivia, activista de Michoacán es Diversidad AC, denunció la lentitud del trámite, el elevado costo, la falta de capacitación al personal y las omisiones de no notificar desde el Registro Civil a las otras instituciones respecto al cambio de nombre, lo que genera complicaciones en trámites futuros.
“Se ha tomado como un trámite recaudatorio para el estado, más que como un avance en los derechos de la comunidad LGBTTTIQ”, señaló Irene Valdivia, quien fue de las primeras personas en ejercer ese derecho en Michoacán. Exigió que la reforma, que en letra está muy bien, sea cumplida en todo el estado y no se limite a brindar este derecho sólo en la capital del estado. Enfatizó que el trámite facilita acceso a oportunidades de educación, trabajo y salud.
Denunció que no se está aplicando el carácter vinculatorio de la medida de reconocimiento de identidad en el sentido de notificar a instituciones y dependencias, lo que ha generado complicaciones en trámites, ejemplo de ello es el hecho de que no se elimina su CURP anterior de forma automática sino que tienen que ir a tramitar la desaparición de su anterior número.
También se complica el trámite con los estados que no cuentan con procedimiento de resguardo de acta, pues los únicos que cuentan con este trámite son Estado de México, Colima, Ciudad de México y Nayarit, de manera que si no son de Michoacán o de alguno de esos estados, no pueden cambiar de género.
“Me parece una política pública mal focalizada, lo han tomado como un trámite recaudatorio para el estado, claramente la comunidad trans no es quien tiene el dinero para salvar al estado de la deuda. Aún es una comunidad marginada, con poco acceso al trabajo, educación, alud, justicia, seguridad, vivienda. Hay mucha gente trans que vive al día, no hay forma de un ahorro, hace falta un trabajo para poder pagar el trámite, pero es un ciclo permanente no hay trámite-no hay trabajo, no hay trabajo-no hay trámite”, señaló.
Al cumplirse un año de que entró en vigor el derecho, al menos 80 personas en el estado han cambiado el género y el nombre en un trámite que toma tres días, que sólo se realiza en la capital del estado y que cuesta mil 500 pesos, 30 veces que los 50 pesos que cuesta en la Ciudad de México, aunque por debajo de los 2 mil pesos que cuesta en Nayarit.
Agregó que aunque existe ya un protocolo de acceso a la salud integral en personas LGBTTTIQ que se emitió el año pasado, aún no se aplica en las instituciones gubernamentales por lo que las personas transgénero son víctimas cotidianas de actos de discriminación, como el que se refieran a ellas o ellos por sus anteriores nombres.
Finalmente puntualizó que México es el segundo lugar en América Latina en cuanto a casos de trans feminicidios con 422 casos registrados entre 2007 y 2017. La media de vida de una persona trans en México es de 35 años y a ese sector de la población le preocupa la relación del Frente por la Familia con algunos partidos políticos como Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN).
