STAFF/Alejandro Amado
Reconocer los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, permitir que se organicen entre ellas y dejar de criminalizar a sus líderes podría incidir en una disminución de la explotación sexual y la trata de personas, es una de las conclusiones a las que llegó la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez” en su Informe México 2018.
“Le apostamos a la organización autónoma y autogestiva de las trabajadoras sexuales para salir adelante y hacerse respetar”, propone la organización a través del informe, que fue elaborado por Francisco Javier Lagunes Gaitán y coordinado por la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, (The Global Alliance Against Traffic in Women, GAATW).
“Consideramos que reconocer a las trabajadoras sexuales independientes como trabajadoras no asalariadas, abona elementos a la lucha contra la trata de personas y la explotación con fines sexuales. También, despenalizar la relación obrero-patronal entre trabajadoras sexuales y patronos”, se expone.
En el prólogo de dicho documento se expone que muchas víctimas de la trata sexual son mujeres adultas en situación migratoria, además de niños y adolescentes y que, por otro lado, mujeres adultas que se dedican por cuenta propia al trabajo sexual tienden a ser criminalizadas por ello, a pesar de que desde 2013 se reconoció a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas a través de un juicio de amparo.
Los miembros de la asociación enlistan casos en donde se ha sancionado, por ejemplo, a trabajadoras sexuales por portar armas blancas en Guerrero; o bien se han considerado indicios de trata el contratar seguridad privada en otro escenario; el que un grupo de trabajadoras se haya reunido a vivir en mismo vecindario y haya instalado cámaras de seguridad; el que utilicen condones o algunos otros mecanismos para evitar el embarazo; el que anuncien sus actividades mediante páginas de internet; o el que se les cobre cuotas por representación, como se hace con los sindicatos.
En el mismo tenor, la asociación acusa que algunas de las medidas anti trata que se implementan se basan más en la discriminación que en los derechos humanos, como son las deportaciones masivas de mujeres en situación migratoria, la veta de edecanes o el castigo a líderes de organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras sexuales.
