STAFF/O.Melissa García @OmaidaMelissa
Con presupuesto aún sin liberar y previendo que el salario de cada miembro del Comité de participación ciudadana en Michoacán (CPC) ganen 70 mil pesos, se presentó el Programa Anual de Trabajo 2018, el cual constará básicamente en impulsar una reforma en materia de adquisiciones, verificar la designación en la Contraloría y el fortalecimiento de la Auditoría Superior.
En conferencia de prensa, el presidente del CPC, Rafael Villaseñor Villaseñor, destacó que ante las simulaciones en la adquisición de medicamentos e insumos en salud, es trascendental reformar en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en obra pública, pues la corrupción que impera y rebasa a las propias instituciones deviene en la impunidad que se vive.
Así mismo resaltó que se realizará un análisis legislativo en materia de la Secretaría de la Contraloría, al igual que en la designación que realice el ejecutivo en el área, luego de que la contralora Silvia Estrada, se decantó por participar en la actual contienda electoral.
Para Villaseñor Villaseñor, el asunto de la corrupción es grave, primero a nivel nacional, luego de manera local, argumentando que esa gravedad incide en la pobreza que se tiene, en “Michoacán estaríamos peleando el descenso” si fuera una liga nacional, ya que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional.
El especialista en derecho enfatizó en la necesidad de proponer una reforma a la Auditoría Superior del Estado, con el propósito de eficientar y transparentar las investigaciones que se llevan a cabo, además de prever mecanismos de Parlamento Abierto para las designaciones de los titulares.
Acompañado de Elvia Higuera Pérez, Juan José Tena García, Rosmi Berenice Bonilla Ureña y Elizabeth Vázquez Bernal, el presidente en turno consideró que los objetivos y actividades establecidas en el programa de actividades son una primera aproximación para dar forma a las funciones que las Constituciones, tanto Federal como Estatal y la Ley del Sistema Anticorrupción les asignaron, pues el combate a la corrupción debe ser prioritario en beneficio de la sociedad.
