STAFF / Norberto Domínguez – @Doxno
Durante la audiencia de Alejandro Echeverría «El Mosh» y cuatro docentes más, el juez de control Félix Cortés Sánchez, decretó la legal detención de los docentes al interior de la Secretaría de Educación (SEE), en donde la fiscalía argumentó que algunos de los detenidos presentaban golpes debido a que intentaron brincar una barda perimetral, al respecto la defensa aceptó los argumento sin ningún señalamiento.
Los agentes del ministerio público presentaron como elemento de prueba la querella del representante jurídico de la secretaría, un informe policial homologado, así como una entrevista del empleado estatal Ranferi Cruz Armenta, quien alertó al 911 luego de que apreció a docentes brincarse al interior del edificio público.
El juez de control desestimó la acusación de que uno de los cinco docentes portaba una navaja, con la que presuntamente amenazó al funcionario Ranferi Cruz Armenta, al momento de que intentó ingresar a la dependencia por órdenes del titular Alberto Frutis Solís para evaluar las condiciones del inmueble, el juzgador consideró que al no ser el medio por el cual se realizó el presunto anallamiento, no tenía razón la acusación.
Mientras el desarrollo de la audiencia que duró más de cinco horas, integrantes del magisterio democrático gritaron consignas que llegaba al interior de la sala de oralidad, y fue en punto de las seis de la tarde cuando los docentes salieron abrazados, en donde Alejandro Echeverría aseguró que su detención fue ilegal misma que violento sus derechos.
“Desde luego de que no, es arbitraria y ya se verá en el juicio como de demuestre, para que vean que fue una detención arbitraria, la cual busca reprimir a los maestros que luchan en contra de la mal llamada reforma educativa», señaló.
Será el próximo 31 de enero cuando se lleve a cabo una audiencia donde se resolverá la suspensión provisional del proceso, al determinarse el monto al que asciende la reparación del daño de tres vidrios rotos de una puerta así como afectaciones a un domo del edificio.
El juzgador dictó un periodo de dos meses para el cierre de la investigación, mientras tanto los docentes quienes pidieron que se reservara sus datos personales, tendrán que acudir una vez al mes a firmar a la unidad de medidas cautelares, no salir del estado ni del país, así como no acudir a ninguna manifestación pública.
