STAFF/O.Melissa García / @OmaidaMelissa
No podemos soslayar la “Ley Kumamoto”, dijo en entrevista el titular del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) Ramón Hernández Reyes, pues el tema del financiamiento a los partidos políticos es “costoso en el desarrollo del proceso electoral… de nuestro país”.
“Creo que es un tema que nosotros no podemos soslayar, que hay inquietud por parte de la ciudadanía respecto del financiamiento, y respecto también de otros temas que hace costoso el desarrollo del proceso electoral en nuestra democracia de nuestro país”, mencionó.
La Ley Kumamoto, explicó el funcionario tiene la finalidad de que los partidos políticos tengan acceso a los recursos públicos con base al porcentaje de votación que hayan generado en cada proceso.
“Definitivamente es un precedente, es un antecedente importante, recordemos que los estados tienen facultades para la entrega de los recursos públicos estatales… y obviamente esta resolución que emite la corte y esta Ley Kumamoto… tiene la finalidad de que los partidos políticos tengan acceso a los recursos públicos con base al porcentaje de votación que hayan generado en cada proceso” preciso.
Hernández Reyes dijo que será importante que todos los actores políticos analicen el proceso electoral siguiente, para “verificar” que elementos no “resulten tan costosos”, procedimiento, manifestó, diseñado a partir del poder legislativo y judicial actual, el cual no da una certeza plena a la ciudadanía en materia de costos.
“Lo importante es sentarnos todos los actores políticos para analizar, quizá no en este proceso electoral, pero si en el proceso electoral siguiente, que elementos se pueden verificar para que no resulte tan costoso; este costo que tiene el desarrollo de los procesos electorales con el diseño legislativo que se tiene, con el diseño jurisdiccional, respecto de materiales y documentaciones y elementos que se tienen que llevar a cabo, para el efecto de dar mayor seguridad a las elecciones, y creo que si nos ponemos también a analizar desde una perspectiva de carácter social, creo que se pueden juntar las dos cosas, o sea darle la seguridad, darle la certeza a la ciudadanía de una plena seguridad jurídica en el proceso electoral, pero también de que los costos se vean disminuidos”, relató.
