STAFF/Matilda Martínez
Ex trabajadoras del Congreso del Estado presentaron una Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra del apoderado legal del Poder Legislativo, Juan Miguel Abraham Martínez.
Esto, luego de que el licenciado en Derecho que representa los intereses laborales del parlamento local intentó extorsionar a dos ex trabajadoras, una para ser reinstalada y finiquitado un laudo que sentenció el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y la otra a fin de que pudiera ser recontratada en esta LXXIII Legislatura, presentaron las denuncias correspondientes por extorción y la queja por violación a sus Derechos Humanos y Equidad de Género.
Las ex trabajadoras Karina Campos y Lunia Valdés, sostienen en su queja ante los Derechos Humanos, que el abogado entorpece su trámite administrativo, ya que éstas se negaron a entregarle la cantidad económica solicitada de manera discrecional.
En el caso de la periodista Lunia Valdés, quien presentó su queja de manera pública a través de sus redes sociales el pasado 8 de marzo, a la fecha no ha recibido respuesta por parte de las autoridades del Congreso del Estado pues dijo, todo el personal del área de la Secretaría de
Finanzas de manera textual argumenta que todo tramite tiene que pasar con el abogado que fue denunciado.
Juan Miguel, inclusive la decisión de recibir un oficio dirigido a la titular Laura Carmona, en cuanto leyeron mi nombre la respuesta inmediata fue que ese oficio se lo entregara al abogado que ellos no me lo recibirían.
Por su parte Ivett Karina Campos señaló que ha dirigido diversos oficios a la secretaria de Finanzas del Congreso del Estado, a fin de que se le dé una audiencia y se le aclare su situación laboral, oficios que en la oficina de Laura Carmona no le han recibido “por instrucciones del licenciado Juan Miguel”.
Esta semana se supo que empleados de base del Congreso del Estado podrían demandar al Poder Legislativo luego de que por instrucciones del asesor legal Juan Miguel Abraham determino que dejen de pagarles las compensaciones por labores extraordinarias, lo que inconformó a más de 60 trabajadores que se verían afectadas por las recomendaciones del funcionario.
