STAFF/Matilda Martínez
Pese a que la justicia es uno de los rubros más vulnerables en Michoacán, el dictamen del estudio y análisis del estado que guarda la administración pública al respecto durante la administración de Salvador Jara Guerrero elaborado por la Comisión de Justicia, pasó sin ton ni son.
Dicha comisión encabezada por Juan Bernardo Corona Martínez, legislador que constantemente aparece en los actos públicos, fotografiándose al lado del jefe del Ejecutivo estatal, no hace cuestionamiento alguno sobre uno de los rubros más sentidos y demandados por la población.
El dictamen presentado por Jara habla desde la implementación de la Policía Ministerial Acreditable, personas desaparecidas, mando unificado, operativos de alto impacto para la seguridad y paz de los michoacanos, traslado de internos, secuestro, vehículos robados, entre otros rubros.
Sin embargo, el estudio y análisis de dicha comisión integrada por Carlos Humberto Quintana Martínez, Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Ernesto Núñez Aguilar, Xóchitl Ruíz González y como presidente Corona Martínez, no desprende ningún tipo de apreciación o crítica a la administración jarista.
Y únicamente refiere que los “resultados, evaluación de desempeño y la eficacia de los programas ejecutados, así como la aplicación oportuna de los recursos ministrados, deberán ser fiscalizados por la Auditoria Superior de Michoacán”, conforme a derecho.
No obstante, no especifica si realizó algún tipo de investigación de fondo o en campo sobre la justicia en Michoacán que tanto han demandado los ciudadanos.
