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Con el objetivo primordial de castigar de forma más severa a aquellas personas que cometan un delito calificado como grave, el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que plantea como pena máxima hasta 50 años de privación de libertad para este tipo de violaciones a la ley.
En sesión ordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales que preside la diputada Rosa María de la Torre, e integran Miguel Ángel Villegas Soto, Mary Carmen Bernal, Jeovana Alcántar y Manuel López Meléndez, presentó el dictamen mediante el cual se reforma el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Michoacán para cambiar de 40 a 50 años la pena máxima para delitos calificados como graves, de alto impacto o de alta incidencia.
En la exposición de motivos, los legisladores argumentaron que uno de los motivos por el cual se aprobó dicha reforma fue por la violencia feminicida, por lo que el aumentar el rango máximo sobre las penas privativas de la libertad es en respuesta a la realidad cotidiana que aqueja en la entidad.
Asimismo, se expone que respecto a la violencia hacia las mujeres, organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, han expresado preocupación sobre el alto índice de violencia que se vive en México, que si bien es cierto, se han realizado acciones para eliminarla, es obligación de los legisladores emprender acciones que sancionen las conductas delictivas que impliquen la disminución y eventualmente su erradicación.
Finalmente subrayan que esta reforma, por sí misma, no puede prevenir la comisión de los delitos, sino debe estar acompañada con una serie de medidas y compromisos interinstitucionales, que coadyuven a la prevención, denuncia, sanción efectiva y reparación de los daños. Sin estas acciones, a decir de los parlamentarios, esta reforma quedará inconclusa, ya que se requiere generar otras acciones para paliar la violencia que se comete en el estado.
