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Este domingo en conferencia de prensa los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentaron su último informe en el que confirmaron su conclusión anterior: Los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, en evento donde resaltó la ausencia de algún representante del gobierno federal, que precisamente los invitó en principio para tratar de esclarecer el caso.
Al tiempo de descartar que alguno de los desaparecidos tuviera relación con el crimen organizado, toda vez que los normalistas debieron de presentar una carta de antecedentes no penales para inscribirse a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a fiscal colombiana Ángela Buitrago también descartó que los estudiantes hubiesen acudido Iguala para boicotear un acto político.
Y destacó: «Los normalistas no fueron a boicotear un acto público ni mucho menos estaban involucrados con el crimen organizado y habían ingresado a la escuela inclusive después de presentar una carta de antecedentes no penales».
La fiscal Butrago subrayó que durante el ataque «masivo e indiscriminado» cometido aquel 26 de septiembre de 2014 existieron más 180 víctimas directas y más de 700 indirectas, y repuso que existió un seguimiento del movimiento de los estudiantes de Chilpancingo a Iguala durante más de 10 horas por un radio de 80 kilómetros por parte de elementos del Ejército mexicano, policía federal Policía Municipal y policía estatal, segundo a segundo a través del circuito cerrado de comunicación conocido como C4.
Además la fiscal Buitrago asevera que las autoridades de todos los niveles en materia de seguridad tuvieron conocimiento, segundo a segundo, de las actividades realizadas desde la entrada a la caseta de Iguala en la entrada al sector que denominaron el Rancho del Cura en entrada a la central de autobuses del sur en Iguala.
Expuso que las bitácoras policiales señalan que desde las 23:00 horas del 26 de septiembre, a las hasta las 00:01 del 27 de septiembre hubo movimientos de la policía de la comunidad Huitzuco. Existen además en registros de la señal proveniente de el celular de uno de los normalistas, a la 1:26 de la mañana de 27 de septiembre de 2014 cerca de la carretera de Huitzuco a Tenango.
Derivado de lo cual externó: «Todo esto genera la certeza para el GIEI de una coordinación perfecta entre esos policías entre esos territorios y además con la finalidad clara de generar un círculo de control para evitar la salida de los autobuses -en los que viajaban los normalistas- de Iguala».
Paralelamente el GIEI lamentó los obstáculos encontrados para realizar su labores durante el último período de su mandato. La fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, reconoció que al 15 de marzo, el 50% de las solicitudes de información no había sido cumplida y el 50% restante estaba por cumplirse: «Si bien a principios del segundo mandato sí pudimos trabajar de manera coordinada con el nuevo equipo de investigación a partir de enero esta actitud de colaboración cambió y las diligencias de investigación fueron innecesariamente dilatadas o fueron directamente rechazadas» señaló.
Y resaltó que no fue sino hasta la segunda semana de abril o una semana antes de la presentación de su último informe cuando se desahogaron muchas de las diligencias, pues en cinco días se tomaron 65 declaraciones muchas de esas declaraciones mismas que las habían sido solicitadas desde julio o agosto del año pasado.
La fiscal guatemalteca también subrayó que el GIEI solicitó una investigación integral de las comunicaciones entre los presuntos perpetradores, pues , dijo que existieron comunicaciones entre siete policías de Iguala que se encuentran procesados por el ataque armado cometido el 26 de septiembre, quienes se ubicaron en la escena del crimen en el Palacio de justicia en Juan N. Álvarez en las barandillas, y durante esas horas críticas estos elementos sostuvieron una comunicación constante con un integrante del grupo Guerreros Unidos identificado como «caminante».
Por lo que Paz aseguró «Esto demuestra la infiltración de la policía de Iguala por el crimen organizado y es una línea de investigación que no se ha agotado ya está ahora tampoco se ha establecido quién es el caminante».
