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Sólo tres meses y medio le bastaron a Silvano Aureoles para cambiar de opinión e imponer el reemplacamiento a los automovilistas michoacanos, cuando apenas a mediados de septiembre pasado se pronunciaba en sentido totalmente opuesto:
“Entiendo que esto se debe llevar a cabo cada tres años por cuestiones de seguridad, es una obligación del gobierno hacerlo… pero también entiendo la circunstancia económica de los ciudadanos. Si fuera el caso, el tema se volvería a revisar y tener en cuenta para más adelante”, dijo en declaraciones recogidas por el portal electrónico del periodista Juan José Rosales Gallegos.
Y ese ‘más adelante’ al que se refería el entonces ya gobernador, electo, fue tres meses y medio después, este diciembre, en vísperas de Año Nuevo, cuando el Congreso de Michoacán se dispone a aprobar la controversial medida dentro del paquete fiscal 2016 que incluye las leyes de egreso e ingresos, donde se contempla el reemplacado vehícular.
Las declaraciones fueron vertidas en el contexto de las acciones que realizaba el entonces gobernador sustituto de Fausto Vallejo, el ex rector nicolaíta Salvador Jara, quien impulsó en esas fechas un reemplacamiento igualmente criticado al que hoy se terminará imponiendo pòr mayoría en el Congreso de Michoacán, dentro de la aprobación de la ley de ingresos del paquete fiscal 2016.
“Debido a la gravedad de la situación económica de las y los michoacanos, este no es el momento para aumentar la carga contributiva, explicó el gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al descalificar la propuesta de la administración de Salvador Jara de iniciar un programa de reemplacamiento a los vehículos del estado; ‘hay que verlo para más adelante’, declaró”, es lo que señala la publicación fechada el pasado 13 de septiembre, tres meses después de ganar las elecciones a gobernador, osea, no fue la tradicional declaración del candidato en campaña.
La publicación citada agregó que Aureoles Conejo “dijo estar atento al tema de seguridad pues la acción de cambio de placas se lleva a cabo para cumplir con una necesidad jurídico-administrativa”.
Y complementa con otra declaración del hoy gobernador constitucional: “Entiendo que esto se debe llevar a cabo cada tres años por cuestiones de seguridad, es una obligación del gobierno hacerlo”; pero aclaró, “pero también entiendo la circunstancia económica de los ciudadanos. Si fuera el caso, el tema se volvería a revisar y tener en cuenta para más adelante”.
Apenas cinco días atrás a esa declaración del gobernador Aureoles, el 8 de septiembre pasado, el entonces coordinador general de la Comisión de transición gubernamental del gobernador electo, el hoy secretario de Gobierno, Adrián López Solís, adelantaba la postura de su jefe según recogió la agencia de noticias Quadratin en publicación fechada ese día mencionado, en la que se destaca la percepción del actual encargado de la política interna de tener “sensibilidad” ante la situación económica actual de la población, la cual al parecer para la actual administración está ya cambió en sólo tres meses y medio:
“La propuesta de implementar un nuevo reemplacamiento vehicular, no forma parte de las mesas de transición y no constituye para nosotros una tarea de prioridad, porque si bien es cierto que existen normas oficiales para el efecto de actualizar el padrón vehicular, lo que menos requiere la ciudadanía en la situación económica actual son nuevas cargas contributivas”, dijo López Solís en esa ocasión.
La publicación agrega que: “Según un comunicado, dijo que dicho tema no lo están acompañando en el proceso de entrega-recepción, y reiteró que las decisiones que toma el gobierno actual son su responsabilidad hasta en tanto concluya sus funciones. López Solís reiteró que implementar un reemplacamiento, “no constituye para nosotros una tarea de prioridad, sabemos que existen normas oficiales para el efecto de actualizar el padrón vehicular y que éste coincida con los datos que portan las matrículas de los vehículos, y tiene un efecto a los temas de seguridad, pero también tiene un efecto recaudatorio y derivado de la situación económica actual, no es momento de implementar dicha medida”.
La publicación de Quadratin complementa que: “Agregó que sí es necesario la actualización de la matrícula del parque vehicular en el estado, debido a que se trata un tema de seguridad, ya que en muchas ocasiones los vehículos son utilizados para cuestiones ilícitas y se requiere que la autoridad competente tenga actualizados los datos en todo momento de los nombres de los propietarios de los automóviles, pero que no por ello se debe afectar la economía de los michoacanos con medidas recaudatorias.
Y 13 días después de la postura emitida por el hoy secretario de Gobierno, para estar en la misma onda, el 21 de septiembre pasado, Pascual Sigala Paéz, ya desde ese entonces coordinador de los diputados perredistas y hoy presidente de la Junta de Coordinación Política desde donde actualmente impulsa el nuevo reemplacado, expuso en la tribuna parlamentaria, a nueve días de concluir la administración de Jara Guerrero, que el hecho de tratar de impulsar el reemplacamiento, “no me cuadra la cosa ahí no entiendo, entiendo que hay sólo 40 millones de pesos programados en el presupuesto 2015 para este concepto, pero el costo del millón 300 mil láminas es de 350 millones de pesos, en una situación tan crítica que vive el estado con deudas queriendo comprar láminas 9 días antes de retirarse”.
En declaraciones captadas por el portal de Mimorelia.com, Sigala Páez “exhortó al mandatario estatal a reconsiderar la compra de las placas, proceso que dijo le suena pareciera es para beneficiar a alguien en particular.
El legislador perredista aseguró no existe acuerdo alguno en el tema de reemplacamiento entre el equipo del gobernador electo Silvano Aureoles Conejo y la administración jarista, ‘no hay ningún acuerdo en ese sentido’”, refiere la publicación.
