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El Gobierno del Estado no debe ceder a chantajes ni presiones de parte de los estudiantes normalistas, quienes por medio de actos vandálicos intentan que la autoridad les otorgue plazas sin someterse al concurso que ordena el artículo tercero de la Carta Magna, manifestó Xochitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local.
Señaló que Michoacán no puede ser rehén de un grupo de estudiantes que no quieren cumplir con ningún estándar de calidad y creen que las autoridades educativas están para ceder a sus caprichos.
Recordó que la entidad tiene un grave rezago educativo que nos coloca en últimos lugares de aprovechamiento en la escala nacional, no obstante que se destina la mayor parte del presupuesto estatal a ese sector.En ese marco, Ruiz González expresó que Michoacán necesita elevar la calidad educativa y para ello requiere de profesores comprometidos con la enseñanza.La legisladora, también integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que rechaza todo acto de violencia por parte de los normalistas que evaden someterse al concurso de oposición y los exhortó a que se conduzcan conforme a la ley y no alteren la paz pública con acciones que generen inestabilidad.
Por lo anterior pidió a los normalistas ceñirse al mandato constitucional que estipula que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”.
Por su parte, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), la diputada Alma Mireya González Sánchez respaldó las acciones emprendidas por parte del Gobierno del Estado, respecto a las detenciones de los normalistas que impedían el libre tránsito y mantenían tomada la caseta de Zirahuén por tres días consecutivos.
En este sentido la legisladora local dijo que era necesario que se respondiera al llamado de la aplicación de la ley realizado por la ciudadanía afectada, sobre todo por los daños al sector transportista y comercial, a quienes ya habían retenido más de 30 unidades dichos grupos en la radicalización de sus protestas. Y es que ante la recurrente toma de casetas, secuestros de autobuses y otros excesos de grupos de manifestantes en diversos puntos de Michoacán, “se generaba inestabilidad social a la par de que provocaban que el desarrollo económico de la entidad –con afectaciones al turismo por ejemplo- vaya a la baja y con ello las oportunidades reales de que las condiciones de vida de los michoacanos mejoren”, expresó González Sánchez.
Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN llamaron también a la instalación inmediata de una mesa de diálogo, así como la aplicación de los protocolos de seguridad para prevenir que con estas detenciones se generen radicalizaciones en el actuar de estos grupos, que puedan derivan incluso en enfrentamientos.
Por ello, la legisladora local hizo un llamado a los integrantes de la 73 Legislatura para que en un esfuerzo de voluntad conjunta se acelere el análisis y la discusión de la iniciativa de Ley que Garantiza las Manifestaciones, propuesta por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Finalmente, apremió al Ejecutivo del Estado a coadyuvar para resolver de raíz esta problemática, permitiendo que quienes sí quieren trabajar cuenten con el respaldo del gobierno para que sigan generando el dinamismo económico que tanta falta le hace a Michoacán.
