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El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó el “Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto”, que está dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobierno del estado, al Congreso de la entidad y a los Ayuntamientos de Michoacán, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ya están debidamente notificados. Señaló que el Estado y sus instituciones no pueden ser omisos o indiferentes ante la presencia de esos grupos. El deber de proporcionar seguridad a las personas, garantizar la convivencia social pacífica, hacer efectivo el acceso a la justicia y preservar en el marco del derecho el ejercicio legítimo de la fuerza, corresponde única y exclusivamente al Estado, aseguró.
González Pérez destacó que el reconocimiento, respeto y vigencia de los derechos humanos sólo es posible en el marco de un Estado democrático y social de derecho. Dijo que, por graves que sean las circunstancias, el Estado no puede ceder o negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene frente a todos los gobernados.
Enfatizó que, para evitar que estos hechos se repitan, se deben atender a la brevedad las condiciones de precariedad, exclusión y desigualdad que propiciaron que se presentara este problema. Precisó que hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de las michoacanas y michoacanos es, sin lugar a dudas, la vía más segura para evitar que situaciones como las tratadas en este Informe Especial se presenten en el futuro
A la PGR se le formularon 7 propuestas, 5 a la Comisión Nacional de Seguridad, 24 al Gobierno del Estado, 4 al Congreso estatal, 12 a los Ayuntamientos y 3 a la CEAV. Entre las principales propuestas destacan que se solicita a la PGR realizar un diagnóstico de la procuración de justicia federal en la entidad y reforzar las agencias del Ministerio Público; investigar denuncias de víctimas de los “caballeros templarios” y de las autoridades que estuvieron en connivencia con ellos, así como determinar la licitud del financiamiento de los grupos de autodefensa.
A la CNS se le pide coordinar los trabajos con autoridades federales de seguridad pública, trabajar con autoridades estatales y municipales para restablecer la seguridad y la prevención del delito, así como evitar la tolerancia en la conformación y operación de grupos de ciudadanos armados.
Al Gobierno del Estado se le propone elaborar el diagnóstico que guarda la Unidad de Fuerzas Rurales de la Secretaría de Seguridad Pública, poner en marcha el programa de supervisión y control de la misma, un diagnóstico de la procuración e impartición de justicia en la entidad, investigar acusaciones contra integrantes de grupos de autodefensa sobre infiltración de la delincuencia organizada, así como investigar la desaparición de personas reportadas, que incluya ubicación de fosas clandestinas y exhumaciones, así como presentar iniciativa de ley para tipificar el delito de desaparición de personas.
El Presidente de la CNDH resumió que las acciones realizadas para este Informe Especial se encuentran recopiladas en 58 tomos, con 28 mil 445 fojas, cuyo contenido se desglosa en 640 visitas de trabajo, 2,858 testimonios y entrevistas recabadas, 3,027 víctimas, 19,685 fotografías, 58 videos, 659 entrevistas y atenciones psicológicas, 150 atenciones médicas, 177 solicitudes de información a distintas autoridades y la emisión de 3 medidas cautelares.
Esta Comisión Nacional reconoce que el movimiento de las autodefensas en Michoacán ha encontrado cauces tendentes a su desarme, legalización y reintegración, sin embargo hay pendientes en materias de justicia, verdad y reparación para recobrar plenamente la seguridad en la entidad.
Si bien el Gobierno federal y el Gobierno estatal han asumido acciones para la recuperación del Estado de Derecho y la promoción del desarrollo, las causas que dieron origen a este conflicto deben atenderse con mayor intensidad, como la falta de oportunidades y desarrollo, en especial en las zonas rurales; la ausencia de métodos de control y supervisión de las autoridades municipales y estatales por parte de las autoridades competentes, así como una reestructuración y depuración del aparato de procuración y administración de justicia. Mediante su investigación, la CNDH corroboró que los deficientes sistemas de seguridad pública estatal y municipal y de procuración de justicia estatal generaron espacios de impunidad y múltiples poblaciones dominadas por el miedo y la inseguridad.
El fenómeno delincuencial se vio conjugado con un acentuado abandono social, el cual precede al conflicto de los grupos de autodefensa. En Michoacán existen problemas estructurales de pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades que han generado comunidades vulnerables al abuso de la delincuencia organizada, en condiciones que hacen nugatorio el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de las personas.
