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Tras comprobarse la injerencia de funcionarios del gobierno del estado en los comicios, este jueves la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección para gobernador en Colima.
Luego de que se violó la ley electoral local, la Sala Superior ha ordenado al Congreso del estado convocar a las elecciones extraordinarias, al tiempo que se da vista a la Procuraduría General de la República para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales investigue el uso ilegal de los listados nominales.
Ello al aprobarse el proyecto del magistrado Manuel González Oropeza que subraya que quedó acreditada la manipulación de los programas sociales con fines electorales, según se desprende de audios en los que se da cuenta de una instrucción expresa para incidir en el proceso electoral. Asimismo, citó la intervención de la Procuraduría General de Justicia del estado que ,tras detener a tres militantes panistas, anunció que se castigaría la distribución de cierto material electoral.
El magistrado González Oropeza agregó que “se sugiere la anulación de la elección, no porque esté viciado el proceso por sí mismo». No se tiene ninguna prueba de que los votos de los ciudadanos hayan sido mal habidos. Hubo un cómputo que demuestra que en la votación ganó el PRI. Sin embargo, la nulidad se da porque la injerencia viola el artículo 59 de la Constitución, que prohíbe expresamente al gobernador y a otras personas incidir en los procesos electorales.
Parte fundamental fue el corroborarse el audio en que el secretario de Desarrollo Social del estado, Rigoberto Salazar Velasco, reconoció las instrucciones que giró a funcionarios de la dependencia a su cargo para manipular los programas sociales, se modificó radicalmente el proyecto original para ratificar el triunfo del priísta Ignacio Peralta.
El magistrado presidente, Constancio Carrasco, tras una larga intervención en la que ponderó las dimensiones de la injerencia, tanto del secretario de Desarrollo Social como del procurador, destacó que es necesario ponderar el nivel que tienen en la estructura de gobierno y la importancia de ambos en el funcionamiento de programas sociales o de programas de seguridad pública. Dijo que la legislación local establece claramente las restricciones a la injerencia de los funcionarios públicos.
