Los “derechos” de Orihuela// By @gaaelico
Por Antonio Aguilera
Se dice que el PRI inventó la “democracia a la mexicana”, un dechado de trapacerías, desviaciones, mudanzas y fraudes para alterar la voluntad de los ciudadanos expresada a través del voto. Para aferrarse al poder, el sempiterno partido hijo putativo de la Revolución Mexicana, instrumentó una serie de artilugios como la compra de votos, el empleo de recursos públicos para apoyar a un candidato y el “turismo electoral”, es decir, llevar gente de un estado a otro para que voten por su candidato el día de las elecciones. Y cuando esto no les alcanza, en la chistera tiene su último recurso: la desestabilización.
En México la democracia tiene un valor muy alto monetariamente, pero muy bajo ética y moralmente. En cada elección a los políticos mexicanos se les presenta la ocasión de probar si para ellos la democracia termina el día en que son elegidos por voluntad popular o si ese fecha marca el inicio de un servicio en el que deben velar por el bien de todos, más allá de colores partidistas. O si no resultan ganadores, aceptar su derrota comenzar una introspección crítica.
Sin embargo, los políticos mexicanos muy pocas veces demuestran su altura política y ética, y en la mayoría de las ocasiones pretende llevar a tribunales lo que no lograron en las urnas, sobre todo cuando se trata de elecciones cerradas.
Pero cuando la derrota representa una distancia considerable, lo lógico sería que el perdedor aceptara los resultados o de plano que guardara un silencio ya muy tradicional en nuestra idiosincrasia democrática.
En las elecciones del pasado 7 de junio, el ex candidato del PRI al gobierno, Ascensión Orihuela Bárcena perdió las elecciones por un margen considerable de 142 mil votos de diferencia respecto al ganador, Silvano Aureoles, ahora gobernador electo.
Desde el 7 de junio y hasta el pasado 14, el priísta tardó una semana en salir a dar la cara, en donde ni siquiera agradeció a los 483 mil michoacanos que votaron por él, pero fiel a su visión patrimonialista, sale a anunciar que va a impugnar la elección en la cual no resultó ganador, y toma como pretexto el supuesto rebase de los topes de gastos de campaña del ahora Gobernador Electo, Silvano Aureoles.
Si bien le asiste la razón jurídica para reclamar su derecho de pretender judicializar la elección, lo que no le asiste es la razón moral, porque la mayor parte de los michoacanos no lo querían como Gobernador, no confiaban en su proyecto y mucho me nos en su persona.
El mensaje de la ciudadanía fue contundente, pero no así para Orihuela, su séquito cercano y sus malogrados voceros, que buscan implantar un escenario de conflictos e inestabilidad, que ya son marca registrada en el PRI.
Por ello, no existen razones –digámoslo así- jurídicas de peso, porque lo más seguro es que tanto los órganos electorales, como los tribunales rechacen su petición.
Por ello, el trasfondo es más político, y el mensaje de Orihuela ni va dirigido a sus ex adversarios electorales ni las instancias jurisdiccionales, sino que va dirigido a Los Pinos, en donde el Senador con Licencia demanda al Ejecutivo Federal una “compensación” por los gastos que hizo en esta campaña.
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