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Y es por esto estamos como estamos: Michoacán ocupa el 3er lugar a nivel federal en cuanto al porcentaje de la población que percibe prácticas de corrupción en el gobierno.
Los resultados se tomaron de la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aplicada en 2013 y retomada el viernes en el portal del Instituto en el marco del Día Contra la Corrupción. La misma se volverá a realizar en el 2015 ya que es una muestra bianual.
Mediante dicha encuesta se desglosan los porcentajes que refieren a la suma de respuestas “Corrupción frecuente” y “Corrupción muy frecuente”.
Las únicas entidades que “le ganan” a Michoacán son el Distrito Federal con 95.3 %, seguido por Jalisco con 94.7 %. El tercero es para Michoacán con 92.2 % ocupando así los tres primeros lugares en la encuesta, mientras que las entidades con los menores porcentajes fueron Querétaro (65 %), Yucatán (72.2 %) y Aguascalientes (78.3 %). Guanajuato se encuentra en el lugar número 11 con un 89.4 % en los niveles de percepción de corrupción.
La encuesta también demostró que el 48 % de la población del país percibe a la corrupción como uno de los cinco problemas sociales más importantes de la República.
La sensación de corrupción fue mayor para policías (89.7%), partidos políticos (84 %) y Ministerio Público (78 %).
Además, las cifras arrojadas por la encuesta indican que el porcentaje de víctimas de corrupción en la realización de trámites y solicitudes de servicio público es del 12 %.
El INEGI indicó que el 67 % de las administraciones municipales carecen de programas anticorrupción; según la encuesta, el número de habitantes de cada región influye en la ejecución de dichos programas.
“En los municipios de un millón o más de habitantes la disponibilidad de estos programas fue de 72 %, mientras que en los municipios de 10 mil o menos habitantes la disponibilidad fue de poco menos de 13%”, se escribe en los resultados.
La encuesta tiene el propósito de recabar información sobre la calidad de servicios públicos, trámites gubernamentales y experiencias de corrupción de la población para mejorar el diseño de las políticas públicas en el combate a la corrupción.
