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Por ejercer prácticas de tortura, el gobierno federal será demandado por las 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre en el Zócalo tras la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
También exigirán la renuncia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida.
Así lo dieron a conocer en conferencia dos de los 11 detenidos aquella noche, el chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, y el estudiante de bachillerato Juan Daniel López Ávila, acompañados de Armando Barrera, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes acusaron que fueron sometidos a tortura física y psicológica desde su aprehensión hasta su ingreso a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit. Durante el trayecto los amenazaron con que los matarían y desaparecerían sus cuerpos.
Otro de los abogados defensores, David Peña, dijo que presentarán “una demanda de reparación del daño” y buscarán “una disculpa pública del Estado mexicano y la renuncia respectiva de los funcionarios involucrados”.
Otra defensora, la abogada Karla Michel, informó que pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los dictámenes que obtuvo durante los hechos para detectar si las lesiones que recibieron pueden ser consideradas tortura.
Los abogados informaron que también pedirán a la CNDH aplicar el Protocolo de Estambul para comprobar la tortura física y psicológica de las autoridades a sus clientes.
*Con info de Proceso
