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El dictamen de Ley tiene como objetivo principal establecer la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado, así como establecer una coordinación de los tres niveles de gobierno y la creación de un el marco jurídico del Servicio Profesional de Carrera en las instituciones de seguridad pública afirmó la Diputada Cristina Portillo Ayala integrante de la comisión de justicia de la LXXII Legislatura del Congreso Local.
La legisladora manifestó que las instituciones de Seguridad Pública desde su más alto mando, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que su actuación será regida por los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Establece que será conformado por el Titular del Poder Ejecutivo, quien lo preside; el Secretario de Seguridad Pública; el Procurador General de Justicia; el Secretario de Gobierno; un Diputado electo por el Congreso; un Magistrado electo por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; los Presidentes de los consejos intermunicipales; y, cuatro representantes del Consejo de Participación Ciudadana y en la Ley marca los lineamientos y requisitos de los integrantes del consejo, sus funciones y sus atribuciones,
La Ley prevé que el Sistema cuente para su funcionamiento y operación con los órganos, instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios, así como en otras disposiciones normativas que obliguen a la creación de políticas públicas adecuadas que sean destinadas a cumplir los fines de la Seguridad Pública.
De esta forma también se les faculta a las autoridades municipales encargadas de la Seguridad Pública a elaborar planes, programas, materias y actividades por medio de convenios de coordinación con los otros niveles de gobierno para realizar acciones conjuntas para perseguir delitos y faltas administrativas, comentó la diputada de extracción perredista.
Existirá una apertura a que las instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y sociedad civil constituida, independientemente de las atribuciones que les correspondan de conformidad con la legislación aplicable, coadyuven dentro del ámbito de su competencia al cumplimiento de dicha Ley.
Argumentó que de esta manera el estado estará obligado a desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Portillo Ayala celebro la creación de este dictamen ya que asegura será un gran avance en materia de seguridad pública para el estado y de esta manera se lograra el cumplimiento cabal de sus funciones.
