#NoAlEspionaje // By @virila2

Por Viridiana López

La libertad de expresión -base de cualquier Estado que se precie como democrático- sufre una nueva amenaza de la autoridad mexicana, porque a partir del próximo año tendrá el aval legal para espiar, lo que puede vulnerar uno de los bienes más preciados de una sociedad: la libertad de expresión.

Si bien la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (del 14 de julio de 2014) ofrecerá beneficios palpables a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, también trae consigo una trampa que no debemos dejar pasar por alto, y menos en tiempos tan convulsionados como los que vive el país actualmente y que demanda que los ciudadanos y periodistas ejerzamos ésta libertad sin censura o inhibiciones.

Y es que a partir de enero próximo, las corporaciones policiales y de procuración de justicia podrán acceder a nuestros datos personales e intervenir nuestras comunicaciones sin que para ello exista una orden judicial que justifique tal acto.

Los artículos 189 y 190 de la Ley Telecom vulneran el ejercicio de la libertad de expresión. El 189 obliga a los concesionarios y proveedores de servicios de telecomunicaciones a dejar una puerta trasera abierta para que la autoridad acceda a los datos de los usuarios, mientras que el 190 permite la geolocalización y el registro de nuestros datos, así como de las actividades realizadas mediante servicios de telecomunicaciones, es decir, mediante el uso de dispositivos como teléfono celular, tabletas, computadoras u otro conectado a internet porque podrá ser rastreado y revisado por las instancias de seguridad y procuración de justicia del país.

En el supuesto que México y sus políticos, gobernantes y autoridades gozaran de cabal reputación moral, ética, cumplimiento estricto de la ley y respeto a los derechos humanos, los ciudadanos no tendríamos mayor temor, porque seguramente el espionaje ocurriría únicamente para el combate a delitos informáticos o aquellos derivados del narcotráfico u otra actividad ilícita.

Sin embargo, tomando en consideración que la misma autoridad encargada de la procuración de justicia ha reconocido que hay corporaciones de seguridad en México infiltradas por el  crimen organizado; que los niveles de confianza en las instituciones públicas del país han bajado, particularmente hacia la policía estatal, la televisión, la Cámara de Diputados, los sindicatos y los partidos políticos (de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, de la Cámara de Diputados); que existen casos como el asesinato de la twittera tamaulipeca, María del Rosario Fuentes Rubio, en octubre de 2014 (el más reciente, pero existen más en ese estado y otros); que la organización Reporteros Sin Fronteras informa que en la última década han asesinado a 80 periodistas y 17 más están desaparecidos en el país, además de agresiones y atentados a medios de comunicación; y que existe un sinfín de cuestionamientos hacia el ejercicio del poder del presidente de México, Enrique Peña Nieto, los gobernadores, presidentes municipales y legisladores, tanto en la calle como en internet.

¿Cómo no preocuparnos ante la embestida del espionaje de nuestros gobernantes? Todo lo que digamos por voz, texto y datos mediante nuestro teléfono, nuestra computadora o tablet puede ser espiado, lo que indirectamente incide en la libertad de expresión, porque en este país se es culpable hasta demostrar lo contrario.

#NoAlEspionaje

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