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Luego de que el ejército Mexicano tuviera que dar la cara por la masacre ocurrida en Tlatlaya el pasado 30 de Junio, los 25 elementos militares involucrados se enfrentan ante averiguaciones que, por las declaraciones hechas por el gobierno Mexicano, apuntan al encarcelamiento de estos elementos.
En el poblado San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya el pasado 30 de Junio, 22 personas perdieron la vida ante un comando de infantería rasa.
Según las primeras versiones de Gobierno, se trataba de criminales que perecieron durante un enfrentamiento y de los cuales “se sabía” tenían personas secuestradas. Versiones que surgieron a posteriori, dieron a conocer poco a poco más evidencia que teñía la situación de un color distinto: poco a poco el incidente lució más como una ejecución.
Lo cierto es que la diversificación de las mismas, apuntan a que sí hubo un grupo delictivo atosigando al pueblo de San Pedro Limón y que sí hubo un enfrentamiento, más también existe la teoría que después de que los criminales después de ser sofocados, fueron ejecutados sin ser llevados a juicio.
A partir de las distintas versiones, la Secretaría de la Defensa Nacional comunicó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto militar.
#YoSoy26 es un movimiento difundido a través de las redes sociales que surge en apoyo a los militares consignados en el caso Tlatlaya.
Este movimiento está generando mucha polémica, pues de cierta manera, justifica las ejecuciones extrajudiciales, comparando a los criminales y su manera de actuar con la manera de actuar de los militares.
Incluso existe la petición virtual en Change.org en apoyo a estos 26 militares.
Una simple búsqueda tanto en Facebook, como en Twitter arrojará la creciente oleada de usuarios que apoyan el caso.
La página de Facebook Un Soldado en Cada Hijo te dio, arroja un texto en el que en resumen, cuestiona a la comisión de Derechos Humanos y a la Human Rights Watch por juzgar sin conocer el contexto en el que sucedieron los actos, además de acusar a que las manifestaciones en contra de los militares son organizadas por el grupo delictivo liderado por El Cero-Uno de San Antonio del Rosario.
Lo que genera aún más polémica, son los argumentos que comparan los modos de un sexenio a otro, puesto que en la administración de Felipe Calderón que dejó más de 50 mil muertos, no existió un real mediador entre la vida y la muerte de narcotraficantes y militares.
Bajo la visión de La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), todo criminal atrapado tiene derecho a un juicio justo. Según algunos de los pobladores de Tlatlaya, esos criminales seguirían libres al día siguiente por causa de la corrupción y los militares actuaron de la mejor manera.
