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“Gobierno Del Estado No Puede Asumir La ‘Política Del Avestruz’ Para Esconderse: PAN

STAFF / @michangoonga

Miguel Ángel Chávez“Ante el alarmante incremento de cerca del 32 por ciento de los delitos del fuero común en la geografía michoacana, era indispensable un informe así como una explicación ante el Congreso del Estado por parte de los responsables de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Héctor Hugo Castellanos Becerra y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Martín Godoy Castro, sobre la estrategia de seguridad y los resultados obtenidos a 6 meses de la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán”, exhortó el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala.

El líder blanquiazul detalló que como parte de un acuerdo del Comité Directivo Estatal (CDE), a través de la bancada panista en el Congreso del Estado, se impulsó la comparecencia de ambos funcionarios, no obstante, en la sesión de ayer martes en el Palacio Legislativo la propuesta de citar al titular de la SSP fue truncada por la bancada del Partido del Revolucionario Institucional (PRI), con lo cual “el Gobierno del Estado da una pésima señal al evadir su obligación para informar sobre este delicado tema, cuando lo que los ciudadanos demandan es su derecho a saber sobre el avance y rezagos en la estrategia de seguridad”.

“El Gobierno del Estado no puede asumir la ‘política del avestruz’ para esconderse y no informar sobre la lacerante inseguridad y el incremento de los delitos que más lastiman a los ciudadanos, como lo son los homicidios, secuestros, extorsiones, robos y violaciones”, afirmó el dirigente estatal.

Ante este panorama, el jefe del panismo michoacano acreditó que la comparecencia está totalmente justificada ante el vacío de información de la SSP, quien no ha presentado en ningún momento las cifras de la incidencia delictiva que ellos atienden, lo que impide tener un panorama más amplio en el tema y realizar una comparación con el número de ilícitos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo, Chávez Zavala insistió en que se requiere tener certeza sobre la actuación y la eficiencia de la labor del área de procuración de justicia, para lo que es necesario conocer cuántos de los 21 mil 348 casos que informa la SESNSP y que corresponden necesariamente a Averiguaciones Previas Penales, son efectivamente concluidos y si se integraron con estricto apego a derecho.

Por ello, consideró lamentable que los diputados priístas sigan aceptando ‘línea’ del comisionado federal de Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, para proteger innecesariamente a sus principales colaboradores en la estrategia, ya que este tipo de prácticas en nada fortalecen a las debilitadas instituciones y a los gobiernos locales en la entidad que tanto necesitan recuperar la confianza y la credibilidad frente a los ciudadanos, sobretodo, luego de los graves acontecimientos de inseguridad y los escandalosos casos de Jesús Reyna García, José Trinidad Martínez Pasalahua y Rodrigo Vallejo Figueroa, que ratifican la red de asociación delictiva política, electoral y gubernamental al más alto nivel en la clase gobernante emanada del PRI.

«Que no se les olvide a los diputados priistas que su compromiso debe ser con la seguridad y la justicia para los michoacanos y no velar solamente por los intereses de grupo y de su partido político, de lo contrario sólo se fomentarán las especulaciones; por otra parte, a esto se une la falta de compromiso del Ejecutivo estatal, la Federación así como de la institución tricolor con la transparencia y la rendición de cuentas al negarle al Poder Legislativo el cumplir con su responsabilidad de conocer y opinar sobre un problema que afecta y lastima a miles de michoacanos”, remarcó.

Finalmente, Acción Nacional, indicó el dirigente, reitera su posición de que es necesario una rigurosa revisión y evaluación en las acciones realizadas que permitan dar eficaz golpe de timón en la estrategia de seguridad y evitar poner en riesgo los avances iniciales que se tuvieron en los primeros 100 días de la intervención de la Federación.

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