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“Los primeros sorprendidos del tamaño del problema, fuimos nosotros”, expresó el procurador Jesús Murillo Karam mientras agitaba la cabeza y cerraba los ojos, tras la conferencia de prensa esta tarde donde presentaron los testimonios de 12 menores de edad que aseguran recibían diversos tipos de abusos físicos, psicológicos y sexuales de empleados dentro del albergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán.
“Considerábamos uno de los centros que podíamos confiar. El propio gobierno local y federal dieron auxilio al albergue, incluso también recibió apoyo de organizaciones locales e internacionales”, declaró el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Categorizando el caso como “terrible y escandaloso”, Murillo Karam aseveró que el caso de Mamá Rosa no se trata de un tema político como se ha especulado, “no es la opinión personal la que puede motivar una acción penal, sino la evidencia y las declaraciones de las víctimas”, puntualizó.
Asimismo puntualizó que las investigaciones continúan, así como los exámenes de identificación de los menores y no tan menores de edad del albergue, ya que con las primeras cinco denuncias que dieron pie al operativo, sino con las 12 declaraciones hasta el momento, “hay conductas delictivas muy serias, con más contundencia que ayer”.
El procurador declaró que sí existen señalamientos contra Mamá Rosa, sin embargo explicó, “me preocupan las transacciones de personas, las actas notariales que adquieren la propiedad de los menores”, por lo que las acciones que realizaba en el albergue “hay casos que verdaderamente alarman por las actitudes inhumanas”.
