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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha emitido la recomendación 16/2015, al gobernador de Michoacán, Salvador Jara por la inadecuada procuración de justicia en agravio de cinco jornaleros agrícolas asesinados y de sus familiares.
Ello tras los hechos registrados el pasado 29 de octubre de 2013, donde en la carretera La Piedad-Guadalajara se localizaron dos camionetas abandonadas, en una de las cuales había cinco cadáveres maniatados, y al parecer con heridas de bala.
Tras los hechos se integró en la averiguación previa, que las actuaciones de las autoridades tuvieron omisiones y retrasos, “sin justificación”, donde indican que no se siguió una línea clara y precisa, así como no se agotaron todos los medios a su alcance para conocer la verdad histórica de los hechos.
Además, durante la integración de la indagatoria, el Ministerio Público tuvo contacto con los familiares de las víctimas, a pesar de lo cual no se advierte constancia de que hayan sido informados de sus derechos constitucionales, así como la posibilidad de recibir atención y garantizarles protección y psicológica.
Por tal motivo y tras recabar y analizar las evidencias, la CNDH encontró elementos para acreditar la transgresión de los derechos humanos, así como a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad.
De acuerdo a un comunicado de dicha institución, señalan directamente la responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en perjuicio de las cinco víctimas de homicidio en Yurécuaro, a quienes se identifica solamente con las siglas entre V1 y V5, de igual manera se identifican también como víctimas indirectas a familiares de los occisos y a éstas se les identifica con siglas entre V6 y V14.
Dicha recomendación para el gobierno michoacano, señala que los familiares de las víctimas sufrieron a su vez dilatación y omisión en la integración de la averiguación previa y, por esa misma inactividad de la autoridad ministerial, es difícil conocer la verdad histórica de los hechos.
Ante las fallas encontradas por la CNDH más el tiempo transcurrido, entorpeció la procuración de justicia “y ha propiciado hasta hoy la impunidad de los responsables”, por lo que la recomendación no solamente es para el gobernador, sino otros puntos, de reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, incluyendo atención psicológica.
Asimismo se ha recomendado al titular de la PGJR para que en la averiguación previa penal correspondiente, se practiquen las diligencias legalmente idóneas para el perfeccionamiento y determinación de la misma, sin embargo cabe resaltar que desde el pasado 15 de junio, dicha dependencia carece de un procurador, ya que el anterior, José Martín Godoy Castro presentó su renuncia en este mes en curso.
