STAFF / Matilda Martínez
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), firmaron un convenio de colaboración para incrementar el número de vigilantes y centros de recepción de quejas, y evitar incrementos desmedidos en los precios de la canasta básica, ya que de encontrar pruebas las sanciones alcanzarían hasta los 3 millones de pesos.
En rueda de prensa el delegado de la Profeco, Miguel Ildefonso Mares Chapa de la Profeco y Gerónimo Color Gasca de Sedesol, informaron que las mil 89 tiendas de Liconsa, serán receptoras de las quejas de precios excesivos y las canalizarán a la Procuraduría del Consumidor.
Manifestaron que el objeto principal de dicho convenio es regular los precios de la canasta básica a nivel nacional e impedir cobros desmedidos, además de ampliar el número de vigilantes en el país.
El delegado de la Profeco especificó que para ellos ya enviaron 16 requerimiento a igual número de empresas aguacateras ubicadas en Morelia, Central de Abastos, Uruapan, Tacámbaro, con la finalidad de conocer cómo fijan los precios.
Alertaron que de encontrar especulaciones en los precios de los productos, las sanciones alcanzar los 3 millones de pesos.
