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La instrucción es clara. Hay que conseguir dinero como sea: “Júntalo, de aquí a mañana, júntalo temprano. Sal a robar, pégale, mata… es lo que dijo, así me lo dijo a mí, sin problema. Cada quien con su responsabilidad”.
Dichas palabras no provienen de un delincuente declarado sino que le son adjudicadas a un mando de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), Juan Carlos Monroy Martínez, coordinador de Delegaciones de Tránsito del Estado, quien presuntamente se las pronuncia a agentes subordinados a quienes previamente les estipula: “Esto es para el de arriba para lo más arriba… a mí me presionan mucho más de lo que no te imaginas, lo que no te imaginas… pero es cosa de cada quien”.
A la Redacción de diversos medios de comunicación entre ellos este, se hicieron llegar dos audios de una instrucción
grabada de manera oculta de parte del mando mencionado, en los cuales se escucha, primero un diálogo donde un presunto mando policial (Monroy Martínez) exhorta a un subordinado a que entregue su “cuota”, ante lo cual le sugiere que para obtener el dinero, “Sal a robar, pégale, mata… ”.
El mando precisa a los uniformados que las órdenes vienen de lo «más arriba» y básicamente son las de pagar porque no les quiten el trabajo: ”Mira, yo no puedo hacer menos ahorita, son instrucciones de allá arriba, vieras visto cómo se portaron, ah huevo, como dijo el jefe, te lo voy a decir como dijo el jefe: no es a fuerzas, al que no le interese su trabajo, no es a fuerzas” dice a manera de preámbulo.
En la segunda parte de la grabación, un poco menos audible que la primera, se alcanza a distinguir una conversación entre los elementos que “pagaron” la cuota del día para no ser despedidos, en dinero recibido -y contabilizado- por el oficial encargado de Inspectores, Heliodoro Rabadán Sánchez.
–“Puta madre, ya ven como roban un chingo”, se le escucha decir al susodicho tras contar la cantidad de 5 mil pesos. “Aquí está tu nombre completito, de aquí te vas ir a la Secretaría”, repone al cooperante tras indicarle que debe apuntar su nombre a la lista (de los que están pagando su puesto).
Acompañados de las pruebas suficientes para sustentar el señalamiento, el cual emerge en medio de la crisis de inseguridad que se vive en Morelia y otras ciudades y regiones del estado como Zamora y Jiquilpan en los últimos meses, y que se refleja en las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, en base a las denuncias ministeriales reportan un incremento gradual en el índice delictivo, siendo que en abril se tuvieron 3, 540 delitos en general y esa cifra aumentó para mayo a 3, 835. A principios del año, en enero, la cantidad de crímenes fue de 3, 233, es decir 602 delitos menos.
El audio confirma las versiones publicadas a finales de abril pasado en medios como La Jornada e ignaciomartinez.com de parte de policías de tránsito, patrullas y motos que fueron despedidos ese mismo mes y quienes denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), irregularidades, amenazas, extorsiones y actos de corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además del modo arbitrario mediante el que se efectuó el despido masivo de prácticamente todos los elementos.
En al menos dos diferentes ocasiones, tanto el 25 de abril como el 19 de mayo, alrededor de 72 de los 97 agentes despedidos de manera arbitraria que laboraban en dicha dependencia y en la Procuraduría Estatal de Justicia, acudieron a las instalaciones de la CEDH, donde, atendidos por el ombudsman estatal, José María Cázares Solórzano, expusieron sus inconformidades, acusando a sus superiores de obligarlos a cobrar mordidas para cubrir cuotas que iban desde los 200 pesos diarios, los cuales tenían que entregar al final de su turno al jefe de circulación de Patrullas y Motos, J. Guadalupe Reyes Garza, así como al propio oficial encargado de Inspectores, Heliodoro Rabadán.
Estos mandos señalaron, “les argumentan que tales cuotas son exigidas por el coordinador de Delegaciones de Tránsito del Estado, Juan Carlos Monroy Martínez, y que son entregadas para poder trabajar por 20 oficiales en motocicletas que trabajan en dos turnos de 24 horas, por órdenes del propio Monroy Martínez”, según publicó La Jornada Michoacán, detallando que sus superiores también les cobran de 10 a 15 mil pesos para hacerles cambio de adscripción y que de todo el grupo que sería dado de baja, quedaron elementos a quienes empezaron a venderles de nuevo tanto la plaza como los vehículos, para lo que les piden de 10 a 20 mil pesos por dejarlos laborar
Tras haber sido contactados para la elaboración de este reportaje, los quejosos se negaron a reiterar tales acusaciones, pues aseguraron haber recibido ya amenazas telefónicas por hacer público su descontento: “Ahorita preferímos ya ni moverle”, dijo uno de ellos.
Monroy Martínez, es uno de los nuevos mandos y forma parte de los cientos policías provenientes del Estado de México y del DF traídos por el comisionado Alfredo Castillo y el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Becerra Castellanos, quienes determinaron suplir a los policías michoacanos que fueron despedidos por no aprobar los exámenes de Control y Confianza, según el criterio de los funcionarios federales.
Dentro de su pasado inmediato se encuentra un despido, precisamente por acusaciones ciudadanas de corrupción que le obligaron a dejar su cargo en agosto de 2013 como subdirector de Seguridad Pública del municipio hidalguense de Atitalaquia.
El diario El Sol de Hidalgo publicó el 25 de agosto del año pasado: “Para calmar los ánimos de pobladores de la comunidad de El Tablón, quienes bloquearon avenidas y tomaron la Presidencia Municipal, el alcalde Jaime Reyes Galindo destituyó al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Leo Portuguez Pérez, y al subdirector, Juan Carlos Monroy Martínez.
Durante dos días, colonos de El Tablón habían protagonizado protestas contra la autoridad municipal, acusándolas de negligencia, en el caso del accidente donde murió un motociclista, asegurando que los policías municipales no detuvieron a los conductores de los vehículos involucrados para deslindar responsabilidades.
Por un momento la situación se salió de control, ya que los manifestantes señalan que la policía de la localidad no tiene capacidad de brindar seguridad, y refieren que han ocurrido recientemente dos casos de asesinatos, mismos que no han sido resueltos, amén de la serie de robos que van en aumento. Ante tal resentimiento social, los enardecidos colonos agredieron a los policías, les quitaron una arma de cargo y una patrulla, a la cual le pintaron leyendas de rechazo”.
En tanto, la más reciente acusación contra Juan Carlos Monroy fue hecha apenas el mes pasado por parte de miembros y dirigentes de la Asociación de Transportistas Lázaro Cárdenas, quienes desde el 19 de mayo tomaron las oficinas locales de Rentas, Registro Civil, Tránsito y la Cocotra, exigiendo al gobierno del estado que respete la concesión de servicio de grúas de arrastre a su filial Servicios de Transportes del Balsas, que a la fecha mantiene “congelada” la dirección estatal de Tránsito.
En su reclamo se destaca la petición de la destitución del coordinador de Delegaciones de Tránsito del Estado, Juan Carlos Monroy, indicaron Marco Antonio Rodríguez Santillán y Martín González, miembros de la representación colegiada de la ATLC, quienes acusaron a Monroy Martínez de ordenar la suspensión de la empresa Servicios de Transporte del Balsas, S.A. de C.V., pese que tiene cubiertos los trámites de operación y la concesión otorgada por la Comisión Coordinadora de Transporte-Cocotra-.
“Hemos sostenido una posición de respeto y de diálogo con el gobierno del estado y sus dependencias, pero funcionarios como Juan Carlos Monroy dificultan la institucionalidad por lo que le pedimos al señor gobernador que instruya destrabar este conflicto y destituya al funcionario por su abierta incapacidad”, sostienen los representantes de transporte de carga, materialistas y del servicio público en el puerto, publicó la agencia Quadratin el pasado 19 de mayo.
Ambos dirigentes, Santillán y González, manifestarón que se vieron obligados a paralizar las oficinas estatales luego que no les han respetado el derecho de audiencia y se han violentado sus garantías constitucionales en cuanto a recibir respuesta a varios documentos girados al entonces gobernador Fausto Vallejo.
Estas son las autoridades en manos de quien esta la «seguridad» de los michoacanos.
