Dejá Vu/ By @ManuelOchoa_
Por Manuel Ochoa
“Toda la fuerza de la ley contra las organizaciones criminales en Michoacán” dice Enrique Peña Nieto. “Ésto no nos amedrentará, al contrario nos motiva a ser más eficientes” dice Murillo Karam. “Toda la fuerza del Estado para combatir a la delincuencia organizada en Michoacán” decía Felipe Calderón. “Toda la fuerza del Estado en contra de la presencia territorial del crimen organizado en Michoacán” decía Medina Mora. La violencia en Michoacán en los últimos meses ha demostrado que el discurso es el mismo, y en consecuencia no existe una diferencia clara en la estrategia de Peña Nieto para combatir al crimen organizado en uno de los estados más conflictivos de los últimos años: Michoacán.
En Diciembre del 2006 e inicios del 2007, el entonces Presidente Felipe Calderón dio a conocer el Operativo Conjunto Michoacán, con el cual inició la guerra contra el narcotráfico que caracterizaría los años por venir de su gobierno. En aquel operativo participaron alrededor de 5,000 elementos de la SEDENA, Marina, y Policía Federal, así como 42 aeronaves, 246 vehículos terrestres, 19 canes, distribuidos en 131 bases de operación y 24 puestos de control. Hoy, a casi siete años del lanzamiento de aquel operativo, la situación es peor.
El crimen organizado ha logrado sembrar raíces sociales en la sociedad michoacana a través de la falta de oportunidades laborales por el nulo crecimiento económico de la entidad, esto ha permitido un reclutamiento y adoctrinamiento masivo por parte de los grupos delincuenciales, aunado a la falta de una estrategia para combatir el lavado de dinero en ciudades importantes como Morelia, Uruapan o Zamora, donde la estructura financiera del crimen se ha consolidado.
La falta de una estrategia integral al inicio del operativo que pudiera combatir y prevenir, mantienen a Michoacán en una situación caótica en materia de seguridad. La lentitud con que se ha acreditado y limpiado a la policía estatal, ya no se diga a las múltiples policías municipales descoordinadas, no ha permitido crear un sistema de justicia que pueda superar al crimen organizado, eso sin mencionar que la Procuraduría del Estado es de las más ineficientes a nivel nacional, según datos de diversas asociaciones civiles.
Pero ahora, con un nuevo gobierno, no se vislumbra un futuro claro en la estrategia de seguridad en la entidad, la situación actual de un gobernador ausente ha agravado la situación, según el propio Murillo Karam, Procurador General de la República. La movilización de fuerzas federales probablemente funcionará en el corto plazo, pero eso no resuelve en lo absoluto la raíz del problema. El tejido social está dañado, y urge una intervención social para su reparación.
Políticas públicas que combatan la desigualdad y que dignifiquen sectores actualmente marginados debe ser la estrategia paralela a la fuerza que permita renovar el tejido social de la sociedad michoacana. La inclusión de la ciudadanía en las instituciones locales, es otro eje clave que permitirá el fortalecimiento y legitimación de las mismas.
La responsabilidad de la situación actual es compartida, ciudadanos, empresarios, gobierno, legisladores y sociedad civil deben empezar las bases de una lucha que integre a la sociedad, fomente actitudes de respeto y tolerancia, combatan a la corrupción, y genere ciudadanía en toda la expresión de la palabra.
A Michoacán le han fallado, tanto gobiernos como sus propios ciudadanos. Necesita ser rescatado. Michoacán le ha dado mucho a México, es tiempo de que México le dé a Michoacán un mejor futuro.
Twitter: @ManuelOchoa_
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