Bajo La Lupa: Manzo, ¿candidato o caudillo armado?

Escribe: Armando Saavedra Magaña

*¿MANZO CANDIDATO O CAUDILLO ARMADO?
*¿DEMOCRATIZACIÓN O SIMULACRO JUDICIAL?
*¿MINISTRA SIN MATERIA?
*CENSURA JUDICIAL: EL NUEVO SILENCIADOR.
*DIPUTADA RINDE CUENTAS DONDE NO LA ELIGIERON.

El edil de Uruapan convierte la tragedia en trampolín político, entre el espectáculo y la amenaza al Estado de Derecho.

CARLOS MANZO, presidente municipal de Uruapan, no solo suspendió las fiestas patrias tras el asesinato de un policía municipal. También decretó un supuesto “código rojo”, clausuró simbólicamente el teleférico en construcción y lanzó una amenaza que cimbró el discurso institucional: si no se investiga el crimen, convocará al pueblo a tomar las armas.

Pero este episodio no puede leerse en clave exclusivamente jurídica. Hay que mirar el tablero político. MANZO no es un actor aislado: es una figura en ascenso, bautizado por medios nacionales como el “Bukele mexicano”, y ya mencionado como posible candidato independiente a la gubernatura de Michoacán en 2027.

DE EDIL A FENÓMENO MEDIÁTICO

En semanas recientes, MANZO ha logrado lo que pocos alcaldes: entrevistas en cadena nacional, cobertura en medios de alcance nacional y una narrativa que lo presenta como el “alcalde que enfrenta al crimen sin miedo”. Su estilo confrontativo, su discurso de “mano dura” y su independencia partidista lo han convertido en un personaje atractivo para una ciudadanía harta de la inseguridad y del formalismo institucional.

La etiqueta de “Bukele mexicano” no es casual: apela al imaginario de un líder que desafía las reglas, que se enfrenta al crimen con teatralidad y que convierte la política en espectáculo.

¿LA ARENGA ARMADA COMO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO?

La amenaza de convocar al pueblo a tomar las armas no parece una ocurrencia desesperada. Es más bien una jugada calculada para irrumpir en el escenario político con estridencia. En un contexto donde los aspirantes a la gubernatura aún se mueven en clave institucional, MANZO opta por el ruido, por la ruptura, por la narrativa del “caudillo que no se deja”.

Este tipo de gestos —aunque jurídicamente insostenibles— tienen un efecto inmediato: colocan su nombre en la conversación pública, polarizan, movilizan simpatías y consolidan una base que lo ve como “el único que se atreve”.

¿A QUÉ COSTO?

El problema no es la aspiración política. Es el método. Porque si el camino al poder se pavimenta con amenazas de insurrección, entonces el Estado de Derecho se convierte en accesorio. Y si el liderazgo se mide por la capacidad de convocar a la violencia, entonces la gobernabilidad se convierte en espectáculo.

MANZO tiene derecho a aspirar. Lo que no tiene es licencia para romper el pacto constitucional. Porque un candidato que se posiciona desde la ruptura institucional, difícilmente podrá gobernar desde la legalidad.

¿QUÉ SIGUE?

La Fiscalía, el Congreso local y los partidos deben pronunciarse. No sobre la aspiración de MANZO, sino sobre los límites del discurso político. Porque si el silencio institucional valida la amenaza armada como estrategia electoral, entonces el 2027 no será una elección: será una contienda entre caudillos. este jueves, el Fiscal General del Estado CARLOS TORRES PIÑA y el secretario de gobierno RAÚL ZEPEDA VILLASEÑOR se reunieron con MANZO y no lograron meter al munícipe en cintura, por el contrario MANZO condicionó a los funcionarios estatales a que le cumplan sus peticiones, advirtiendo que si no lo hacen, no permitirá que continúen las obras del teleférico.

¿DEMOCRATIZACIÓN O SIMULACRO JUDICIAL?

Tras la toma de protesta de más de cien juzgadores en Michoacán el pasado 15 de septiembre, la diputada FABIOLA ALANÍS afirmó que se ha cumplido con la democratización del Poder Judicial como parte del “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación. Aseguró que, por primera vez, jueces y magistrados fueron elegidos por el pueblo y no por cúpulas políticas. Sin embargo, esta narrativa omite un dato crucial: la participación ciudadana en dicha elección apenas superó el 10% del padrón electoral.

¿Puede hablarse de justicia electa por el pueblo cuando nueve de cada diez michoacanos no acudieron a votar? La legitimidad representativa del nuevo Poder Judicial queda en entredicho, y lo que se presenta como un avance democrático corre el riesgo de convertirse en un ejercicio simbólico sin arraigo ciudadano. Si el objetivo era saldar una deuda histórica de justicia, el resultado parece más bien una factura pendiente con la sociedad.

¿MINISTRA SIN MATERIA?

Durante la primera sesión pública de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el 11 de septiembre, la ministra recién electa Estela Ríos solicitó que sus asesores se acercaran al estrado para explicarle el proyecto en discusión, admitiendo que no conocía el tema ni las leyes que lo regulan. El presidente del tribunal, Hugo Aguilar, accedió a la petición, en un gesto que revela más que cortesía institucional: expone la fragilidad técnica con la que algunos perfiles llegan al máximo órgano de justicia del país.

Ríos, exconsejera jurídica de la presidencia de AMLO, encarna el dilema de una Corte refundada bajo el mandato popular, pero aún atrapada entre cuotas políticas y carencias profesionales. Si el nuevo Poder Judicial aspira a legitimarse frente al pueblo, no basta con cambiar las togas: hay que dominar la ley antes de deliberarla.

SIMULACIÓN EN NOMBRE DEL ENCARGO

En el oficialismo morenista se ha vuelto lugar común la frase “luchamos por encargos, no por cargos”. Se repite en mítines, circulares internas y discursos de dirigencia como si fuera una fórmula ética que purifica la ambición política. Pero conviene desmontarla.

La lucha política, por definición, busca conquistar el poder público. Y ese poder, una vez obtenido, se ejerce a través de cargos: con firma, presupuesto, facultades y responsabilidad jurídica. No hay encargo sin cargo. El encargo puede ser moral, ideológico o simbólico, pero el cargo es el que decide, ejecuta y responde.

Entonces, ¿por qué insistir en esa consigna? Porque sirve para blindar al liderazgo frente a reclamos internos, simular humildad institucional y justificar designaciones verticales. El “encargo” se presenta como una misión del pueblo, cuando en realidad es una cuota negociada, una posición de poder revestida de virtud.

En Michoacán, como en otros estados, hemos visto cómo los “encargados” operan con privilegios, impunidad y simulación. Se les asigna una tarea, sí, pero también se les protege, se les acomoda y se les exonera. El encargo se convierte en coartada.

La consigna, entonces, no es inocente. Es una herramienta narrativa para desactivar la crítica, despolitizar la competencia y moralizar el reparto. Pero no hay transformación sin responsabilidad, ni encargo sin cargo. Y el cargo, por más que se disfrace, sigue siendo el núcleo del poder.

CENSURA JUDICIAL: EL NUEVO SILENCIADOR

La extensión de censura previa al diario Tribuna y al periodista JORGE GONZÁLEZ VALDEZ en Campeche revela una tendencia alarmante: el uso del poder judicial como herramienta de control político. Bajo el argumento de proteger derechos humanos, se impone una mordaza institucional que vulnera el artículo 7° constitucional y normaliza la censura como medida cautelar.

La jueza MARÍA DEL ATOCHA HULTZ MAY prolongó la intervención judicial por tres meses más, en un proceso que podría extenderse hasta 30. Este precedente convierte al juez en editor, y al sistema de justicia en brazo censor del Ejecutivo. En estados donde el poder judicial ya opera bajo alineamiento político, esta fórmula puede replicarse para inhibir investigaciones incómodas, columnas críticas o coberturas electorales.

La censura previa no solo silencia al medio sancionado, sino que genera autocensura en el gremio. El mensaje es claro: cualquier publicación que incomode al poder puede ser judicializada. El caso de Tribuna se suma a reformas como la de Puebla sobre “violencia digital”, donde la ambigüedad legal permite castigar la crítica bajo el disfraz de protección.

La libertad de expresión no es un privilegio editorial, sino un derecho humano. La Corte Interamericana lo ha reiterado: la censura previa está prohibida, salvo en casos extremos. En México, el uso del aparato judicial para controlar narrativas representa una regresión democrática.

Hoy es Tribuna. Mañana puede ser cualquier medio que incomode al poder. El periodismo libre no se defiende con comunicados: se defiende con acciones concretas, solo que hay un problemita: gremialmente los periodistas estamos en la ignominia, canibalismo profesional y una tragedia el celo profesional, de manera que mientras no se revierta esta circunstancia, los entes del poder público nos seguirán amedrentando y censurando.

DIPUTADA RINDE CUENTAS DONDE NO LA ELIGIERON

La diputada local NALLELY JULIETA PEDRAZA ganó la elección en el distrito 17 con cabecera en Morelia. Ese triunfo no fue gratuito ni simbólico: fue producto del voto directo de los ciudadanos de ese distrito, quienes le otorgaron el mandato de representarlos en el Congreso. Pero ahora, en un gesto que raya en la irreverencia política, la diputada ha decidido rendir su primer informe legislativo en Lázaro Cárdenas, su tierra natal, sí, pero no el distrito que la eligió. El evento será este viernes 19 de septiembre en el conocido “Salón Minero”, lejos de los ojos de quienes le dieron el cargo, como si el mandato popular pudiera trasladarse por capricho geográfico.

Este tipo de decisiones no son inocuas. No se trata de un simple cambio de sede, sino de una omisión simbólica y posiblemente legal. El informe legislativo no es un acto social ni un mitin de simpatías personales: es una obligación institucional que debe rendirse ante los representados. La Ley Orgánica del Congreso establece que los diputados deben informar públicamente sobre sus actividades, y aunque no especifica el salón ni la colonia, el espíritu de la norma es claro: rendir cuentas ante quienes otorgaron el voto. Hacerlo en otro distrito, por más afecto que se le tenga, implica ignorar a los electores y desvirtuar el sentido de la representación.

¿Quién le dirá algo? ¿Habrá alguien con autoridad moral y política que le recuerde que el cargo no es propiedad personal ni extensión familiar? ¿O el silencio cómplice seguirá siendo la norma entre los actores políticos que prefieren no incomodar a los suyos? Porque si nadie levanta la voz, entonces no solo se incumple la ley, también se normaliza el desprecio por el mandato popular. Y eso, en tiempos de descrédito institucional, es dinamita pura.

La diputada PEDRAZA podrá llenar el salón en Lázaro Cárdenas con aplausos y palmadas, pero en Morelia quedará el vacío. El distrito 17, que la hizo diputada, no verá ni escuchará el informe que le corresponde. Y eso no es solo una grosería política: es una traición al pacto democrático.

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