Bajo La Lupa: Yarabí incomoda a sus adversarios

Escribe: Armando Saavedra Magaña

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo atraviesa una etapa distinta a la que sus críticos quieren instalar. La llegada de la doctora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ a la rectoría significó un cambio de rumbo que incomodó a quienes durante años hicieron de la institución su zona de confort económico y político. Con disciplina financiera y transparencia, ÁVILA logró lo que parecía imposible: que los trabajadores académicos y administrativos recibieran puntualmente sus salarios y prestaciones, después de más de una década de retrasos.

La reforma constitucional de 2024, que garantiza a la universidad un presupuesto pleno equivalente al 4.5% del gasto estatal, permitió que en 2025 se obtuvieran 700 millones de pesos adicionales respecto al año anterior, consolidando la estabilidad financiera. Aunque los pasivos laborales heredados de administraciones anteriores no han sido cubiertos en su totalidad, se atendieron compromisos urgentes como impuestos, cuotas obrero patronales y servicios médicos, demostrando un manejo responsable de los recursos.

En el ámbito académico, los avances son igualmente claros. De 41 programas, 39 están acreditados, lo que representa un 95.12% de cobertura. Las carreras restantes aún no se acreditan porque son nuevas y no cuentan con generaciones suficientes. El caso de Medicina es emblemático: tras perder la acreditación en la administración pasada, hoy cuenta con una reacreditación de los CIEES por cinco años, del 15 de agosto de 2025 al 14 de agosto de 2030, y por primera vez fue evaluado por el CIFRHS, obteniendo la Opinión Técnica Académica.

Estos reconocimientos son los más altos que el programa ha recibido en su historia. Además, los trámites de acreditación de Cirujano Dentista, Nutrición, Rehabilitación y Fisioterapia y Salud Pública están por concluir, lo que ampliará aún más la cobertura académica. Los rankings también reflejan esta mejora: antes de 2023 la Michoacana apenas figuraba en listados estatales, mientras que en 2025 ya se ubicaba en el top 10 nacional en evaluaciones como Webometrics y Mextudia, consolidando su prestigio.

Los adversarios han querido usar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que señalan más de 200 millones de pesos, como prueba de supuestos delitos cometidos por la rectora. Sin embargo, la realidad es otra: las observaciones no son delitos, son señalamientos de procedimientos administrativos que no se realizaron de manera correcta y que deben justificarse o subsanarse. La propia ASF otorga plazos perentorios para que la autoridad observada desahogue y desvanezca dichas observaciones. Se trata de irregularidades administrativas que tienen explicación y salida, no de actos criminales como algunos insisten en difundir para dañar la imagen de la universidad y de su rectora.

En el terreno político, la universidad sigue siendo un actor relevante. No es extraño que en vísperas de una sucesión gubernamental se intente usar su vida interna como campo de disputa. Las fricciones con el gobierno estatal han sido evidentes, sobre todo por la presunta paternidad política en la designación de la rectora, lo que ha derivado en acciones que atentan contra la autonomía universitaria, como visitas a campus sin convocar a la autoridad universitaria.

El gobierno presume con razón la construcción de esos campus con recursos propios, pero la pregunta pendiente es de dónde saldrán los fondos para pagar salarios y gasto corriente, pues en el presupuesto de 2026 no se contemplan. También se ha querido politizar la presencia de ÁVILA junto al senador RAÚL MORÓN OROZCO en instalaciones universitarias, pero su papel como presidente de la Comisión de Educación en el Senado lo convierte en un aliado institucional para gestionar recursos extraordinarios, no en una bandera política.

La Universidad Michoacana no está en crisis, está en transformación. Financiera y académicamente ha alcanzado logros inéditos, y políticamente mantiene su relevancia histórica. La rectora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ no es la caricatura que sus adversarios pintan: es la responsable de haber devuelto orden, prestigio y estabilidad a la máxima casa de estudios de Michoacán.

Finalmente, se repite hasta el cansancio que vivimos el “tiempo de mujeres”, que la sororidad debe ser bandera y que la política debe abrir espacios con respeto y equidad. Sin embargo, cuando se trata de la doctora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ, rectora de la Universidad Michoacana, ese discurso parece desvanecerse. Desde hace meses, ÁVILA ha sido objeto de linchamiento político, moral, ético y social por parte de adversarios que no soportan el orden que ha impuesto en la institución. Y lo más llamativo es el silencio de quienes se autoproclaman feministas y de legisladoras que promueven reformas contra la violencia política hacia las mujeres, pero que no han pronunciado una sola palabra de respaldo hacia ella.

La contradicción es evidente: se exige respeto y se legisla contra la violencia política de género, pero cuando la víctima es una mujer que incomoda intereses, la sororidad desaparece. ÁVILA ha enfrentado críticas feroces, campañas de desprestigio y señalamientos que buscan reducir su trabajo a caricaturas, sin que las voces que suelen rasgarse las vestiduras en defensa de las mujeres digan algo. El doble rasero es claro: la sororidad se invoca cuando conviene, pero se olvida cuando se trata de mujeres que no forman parte de ciertos círculos de poder.

La realidad es que la rectora ha dado estabilidad financiera y académica a la universidad, ha logrado acreditaciones inéditas y ha defendido la autonomía frente a presiones externas. Pero en lugar de reconocimiento, recibe ataques sistemáticos. Y mientras tanto, las que deberían levantar la voz guardan silencio.

¿Tiempo de mujeres? No nos hagan reír. Porque si de verdad lo fuera, la sororidad no sería selectiva ni oportunista, y la defensa de una mujer que enfrenta violencia política estaría por encima de intereses partidistas o conveniencias personales.

LINEAMIENTOS IGNORADOS EN MORENA

Hace apenas unos días, el Consejo Nacional de Morena aprobó lineamientos claros para quienes aspiren a cargos de elección popular. Se trataba de reglas diseñadas para garantizar disciplina interna, equidad y transparencia en los procesos. Sin embargo, en Michoacán, los principales aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del estado han decidido ignorarlos.

Las imágenes de los eventos de RAÚL MORÓN, GLADYZ BUTANDA, FABIOLA ALANÍS y GABRIELA MOLINA son prueba contundente: todos han realizado actos anticipados de campaña, con discursos, estructuras de movilización y despliegues que difícilmente pueden considerarse simples reuniones informativas.

La contradicción es evidente. Por un lado, se presume un partido que busca orden y respeto a sus propias normas; por el otro, se observa a sus aspirantes en giras políticas disfrazadas de encuentros ciudadanos. El despliegue de logística, la propaganda y la presencia de operadores muestran que no se trata de actividades neutras, sino de actos con fines electorales adelantados. En algunos casos, incluso se percibe el derroche de recursos públicos, lo que agrava la percepción de que los lineamientos aprobados han sido reducidos a un “soberano cachuate”.

El problema no es menor. Estos eventos vulneran los lineamientos internos de Morena y ponen en entredicho el principio de equidad que debería regir la contienda. Además, generan un desgaste institucional: ¿cómo puede el partido exigir disciplina a sus militantes si sus principales aspirantes ignoran las reglas desde el inicio? La ciudadanía observa cómo se reproducen viejas prácticas de anticipar campañas, gastar recursos y posicionar nombres antes de los tiempos legales, lo que erosiona la credibilidad de los procesos internos.

Las imágenes que acompañan esta columna son más que fotografías: son evidencia de que los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional no han sido respetados. Mientras tanto, los aspirantes continúan con actos que, más allá de su forma, tienen un fondo político-electoral innegable. En vísperas de una sucesión gubernamental, la Michoacana y el estado entero se convierten en escenario de disputas adelantadas, donde las reglas parecen ser lo de menos.

La conclusión es clara: los lineamientos existen, pero en la práctica han sido ignorados. Los aspirantes de Morena en Michoacán han decidido que las reglas no aplican para ellos, y lo demuestran con actos anticipados de campaña que exhiben tanto la falta de disciplina interna como el uso cuestionable de recursos. La ciudadanía merece procesos transparentes y equitativos, no simulaciones que repiten las viejas prácticas de la política.

¿“EL MOCHES” GOBERNADOR? JAJAJAJAJAJA.

El Partido Verde Ecologista de México perfila a ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR como aspirante a la gubernatura de Michoacán en 2027, con el respaldo del senador MANUEL VELASCO COELLO, quien lo presenta como uno de los cuadros más competitivos del partido a nivel nacional. Sin embargo, la propuesta resulta una auténtica burla para la ciudadanía, pues se trata de un personaje conocido como “el diputado moches”, célebre por sus trinquetes, enriquecimiento inexplicable y conductas cuestionadas que lo han marcado en la política local.

¿Con qué credenciales puede aspirar a gobernar Michoacán? No aparece en ninguna medición seria de preferencias electorales y difícilmente lo hará con sus antecedentes. Solo alguien pagado exprofesamente se atrevería a incluirlo en una encuesta y aun así, su aspiración carece de sustento real. La política requiere seriedad y respeto hacia los ciudadanos, no candidaturas impresentables que solo exhiben la falta de compromiso de los partidos con la ética pública.