Bajo La Lupa: ¿Quién movió la encuesta? Sospechoso el regreso de CAS

Escribe: Armando Saavedra Magaña

Massive Caller volvió a mover el tablero y sacó del cajón a CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS, el “cachorro de Churumuco”, quien tras cuatro años de silencio político reaparece en el rankeo por la gubernatura de Michoacán en 2027. Arranca con 12 puntos, lejos de RAÚL MORÓN (37%) y CARLOS TORRES PIÑA (33.6%), pero suficiente para completar la terna masculina de Morena. ¿Es un regreso genuino o una reactivación estratégica?

ARIAS fue tres veces senador, figura clave del PRD fundacional y exsecretario de gobierno con CÁRDENAS. Hoy preside el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, un órgano exclusivo para la burocracia, sin peso político real. No es un trampolín, es una banca.

En 2021, ARIAS rompió con Morena al no ser favorecido con la candidatura y se fue a Fuerza por México, el partido de PEDRO HACES, operador de RICARDO MONREAL. Su aventura reveló su verdadero peso: apenas 39 mil votos, el 2.2% de la elección. ¿Con esos números pretende disputar la candidatura de Morena otra vez?

Su inclusión en la encuesta despierta sospechas. No ha hecho méritos recientes, no ha defendido la 4T, y no hay explicación pública de Massive Caller sobre quién pagó o por qué lo incluyeron. ¿Cuchareo? ¿Negociación interna? ¿Un gesto para reactivar viejos cuadros?

Los estatutos de Morena permiten candidaturas externas, pero exigen congruencia con los principios del partido. ARIAS compitió contra Morena en 2021. ¿Puede ahora ser considerado “protagonista del cambio verdadero”? ¿O es solo un símbolo reciclado?

En política, los números no mienten. Y los silencios, también hablan.

CAMPAÑAS ADELANTADAS Y FISCALIZACIÓN DE RISA

Una de las consecuencias más graves —y menos discutidas— de que los órganos autónomos hayan sido cooptados por el poder ejecutivo, es que los ciudadanos nos quedamos sin ojos ni oídos institucionales. La transparencia y la fiscalización, que deberían ser pilares de la democracia, hoy son simples decorados en el teatro del poder. El gobierno destruyó a quienes permitían el acceso a la información pública, y ahora, los que tienen la facultad legal de fiscalizar, son empleados del mismo poder que deberían vigilar. ¿Auto fiscalizarse? No son tan ingenuos.

Y mientras tanto, la burocracia estatal está metida hasta el cuello en un proceso electoral adelantado. El legal arranca el 1 de septiembre de 2026, pero eso les tiene sin cuidado. Hoy, desde oficinas públicas, redes oficiales y eventos pagados con dinero del pueblo, se promueven sin pudor alguno. Y lo peor: violan flagrantemente el artículo 134 de la Constitución, cuyos párrafos séptimo y octavo no dejan lugar a interpretaciones.

Para que no haya dudas, aquí va el párrafo octavo, tal como lo establece la Constitución:

¿Así o más claro? Si los órganos de fiscalización funcionaran, ya tendríamos una lista de sancionados más larga que la nómina del Congreso. Pero no. Aquí no pasa nada. Los “aspirantes” gastan recursos públicos como si fueran propios, con una impunidad que raya en el cinismo. Y los órganos electorales, bien gracias. Se hacen como el “tío lolo”: se hacen los que trabajan, pero no hacen nada. Bajo el argumento de que “no hay proceso electoral en curso” y que “no se pide el voto”, permiten que se violen principios constitucionales básicos.

¿Entonces qué sigue? ¿Que nos digan que la Constitución es solo una sugerencia?

La contraloría estatal y la Auditoría Superior de Michoacán deberían estar actuando ya. Pero claro, sus titulares son empleados del gobernador. Y como dice el dicho, no muerden la mano que les da de comer. Así que mientras los aspirantes se pasean en espectaculares, redes y eventos con logos oficiales, los ciudadanos nos quedamos mirando cómo se pisotea la ley con total descaro.

¿Y el artículo 134? Bien, gracias. Guardado en un cajón, esperando que alguien lo lea. Porque aquí, la ley se respeta… cuando conviene.

CUANDO EL AMPARO YA NO AMPARA

En una sesión que se prolongó hasta que el café dejó de hacer efecto, la Cámara de Diputados aprobó —con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones— la reforma a la Ley de Amparo. Y como ya es costumbre, lo que se vendió como modernización terminó siendo mutilación. El gobierno federal impulsó esta iniciativa que redefine el concepto de “interés legítimo”, restringe la suspensión provisional en casos como bloqueos de cuentas o revocación de concesiones, y digitaliza el juicio de amparo. ¿Modernización? Sí, pero del blindaje institucional contra el ciudadano.

Aunque se eliminó la retroactividad explícita, el artículo transitorio aprobado permite aplicar la nueva ley a etapas procesales futuras de juicios en curso. O sea, retroactividad disfrazada. Y como bien lo denunció el diputado GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, esta reforma vulnera el artículo 14 constitucional, que prohíbe la retroactividad de las leyes. “La suspensión en el amparo es un derecho sustantivo”, advirtió, recordando que la Corte Interamericana, en los casos RADILLA PACHECO y ROSENDO CANTÚ, reconoció que el juicio de amparo era eficaz para tutelar derechos humanos. Era.

El transitorio: ¿jurisprudencia o codicia? La presidenta CLAUDIA SHEINBAUM salió a defender la reforma, asegurando que no afecta procesos judiciales previos y que se basa en jurisprudencia de la Suprema Corte. Pero los críticos no compran ese cuento. El transitorio fue redactado para permitir aplicación inmediata, sin tocar derechos adquiridos, pero sí modificando el terreno procesal en curso. En palabras del asesor presidencial, citado por MARTÍNEZ, “privilegiar la discrecionalidad de los jueces” abre la puerta a arbitrariedades. Y cuando el poder abre esa puerta, no hay quien la cierre.

Silencio institucional: ¿complicidad o miedo? Lo más grave no es solo el contenido de la reforma, sino el silencio de quienes deberían estar gritando. Las barras y colegios de abogados, las facultades de derecho, los constitucionalistas de café y los defensores del interés legítimo… todos callados. ¿Dónde están? ¿Por qué no alzan la voz ante un atraco que limita el acceso al amparo y reduce el campo de acción de los litigantes? Esta omisión institucional es tan alarmante como la reforma misma. Porque cuando el derecho se convierte en trámite, la justicia se convierte en simulacro.

Consecuencias internacionales La reforma podría tener repercusiones en el sistema interamericano de derechos humanos y en el cumplimiento de compromisos internacionales. Al debilitar el juicio de amparo como herramienta de protección, México se expone a sanciones y observaciones por parte de la Corte Interamericana y socios comerciales bajo el T-MEC. Pero claro, eso será problema para después. Hoy, el objetivo es blindar al poder, no proteger al ciudadano.

Y si alguien conoce el juicio de amparo desde sus entrañas, es la ministra en retiro OLGA SÁNCHEZ CORDERO. Aunque votó en abstención, su intervención fue una disección quirúrgica de la reforma. Advirtió que exigir a colectivos vulnerables —comunidades indígenas, LGTB, consumidores, jubilados, defensores ambientales— que demuestren una “lesión jurídica individual” o un “beneficio cierto” para acceder al amparo, es una regresión disfrazada de técnica legislativa. “La lesión jurídica es del interés jurídico, no del legítimo”, sentenció.

Reconoció que hubo excesos en el uso del interés legítimo, sobre todo cuando se dictaron suspensiones con efectos generales. Pero también dejó claro que esos excesos no justifican una reforma que cancela el acceso a la justicia. “El interés legítimo no requiere acreditar una lesión directa, sino una afectación real en la esfera jurídica del gobernado”, explicó. Y con eso, desmontó el argumento oficial.

Además, alertó sobre el golpe fiscal: el contribuyente pierde el recurso de revocación ante el SAT, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y hasta la opción de pago a cautelam. Es decir, el ciudadano queda a merced del Estado, sin defensa efectiva.

SÁNCHEZ CORDERO no votó en contra, pero su discurso fue más contundente que muchos votos negativos. Porque cuando el juicio de amparo se convierte en trámite condicionado, el Estado deja de ser garante y se vuelve juez y parte. Y eso, en cualquier democracia que se respete, es inaceptable.

Esta reforma no moderniza: mutila. No armoniza: encubre. No fortalece: debilita. El juicio de amparo, piedra angular de la defensa ciudadana, ha sido reducido a un trámite condicionado por la discrecionalidad judicial y la voluntad política. El silencio de las instituciones jurídicas es cómplice. El pueblo de México merece una defensa robusta, no una simulación procesal. La reforma a la Ley de Amparo es, en efecto, un fraude parlamentario a la verdad y la justicia.

MISCELÁNEA POLÍTICA

VICENTE GÓMEZ: salud para los vulnerables… ¿y los medicamentos, apá? El diputado del PT por Tacámbaro, VICENTE GÓMEZ NÚÑEZ, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asistencia Social y garantizar servicios médicos a tres grupos vulnerables: infancias huérfanas por feminicidio, mujeres con enfermedades crónico-degenerativas y adolescentes embarazadas. Noble intención, sí. Pero el legislador parece ignorar que la 4T lleva siete años fracasando en lo mismo. ¿O ya olvidó la Farmacia del Bienestar, ese monumento al desabasto? ¿Y ahora que se cerró la vía del amparo para exigir medicamentos, cómo piensa cumplir su sueño? ¿Con discursos?

Glosa tardía, juventud invisible. Apenas en octubre de 2025, la LXXVI Legislatura aprobó la glosa del informe de gobierno de 2024. Sí, leyó bien: ¡un año después! Y entre los “hallazgos”, se pidió que en futuros informes se incluya un capítulo sobre juventudes. ¿Y mientras tanto? Que los jóvenes sigan esperando, como todo en Michoacán. Eficiencia legislativa, le llaman.

Publicidad sin propuesta: el Atlacomulco michoacano. FIDEL CALDERÓN denunció que el gobierno estatal promueve figuras sin trayectoria ni contenido, solo con dinero e Influyentismo. ¿Le suena? CALDERÓN citó a AMLO criticando a los “productos chatarra” de la política. Pero qué curioso: él y JUAN PABLO PUEBLA son justo eso. Y si hablamos de campañas anticipadas disfrazadas de “asambleas informativas”, la tribu R-21 de RAÚL MORÓN lleva la batuta. ¿Fraude a la ley? Claro. ¿Consecuencias? Ninguna.