¡Arré Nodal! Llega Al Congreso Michoacán «Ley Cazzu» Para Proteger A Madres Solteras

STAFF/ Marina Alejandra Martínez

El Congreso del Estado pretende impulsar la llamada Ley Cazzu, una propuesta orientada a impedir que padres ausentes restrinjan la movilidad de menores de edad sin una justificación real y con el único propósito de ejercer control sobre la madre, conducta que es considerada una forma de agresión de acuerdo con el artículo 2 constitucional.

México enfrenta una emergencia silenciosa en materia de cuidados y justicia familiar, advirtió la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola, al señalar que existe una profunda desigualdad de género y una crisis en el cumplimiento de responsabilidades parentales.

Expuso que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que en el país existen más de 11 millones de madres solteras, quienes asumen la totalidad de las cargas económicas, emocionales y formativas de sus hijos sin apoyo alguno.

Añadió que el abandono alimentario agrava esta problemática, pues se estima que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia a la que tienen derecho, lo que genera una paradoja legal, la madre debe solicitar la firma del deudor alimentario para realizar trámites relacionados con la movilidad del menor.

Ante este escenario, la legisladora presentó una propuesta de acuerdo mediante la cual el Congreso de Michoacán enviará al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes frente al abandono parental.

La estrategia legislativa contempla que la diputada local se apoye en diputados federales del PVEM, a fin de que la iniciativa sea discutida en el Congreso de la Unión y pueda convertirse en una ley federal.

“El propósito fundamental de esta reforma constitucional es la transición de un sistema de justicia familiar formalista hacia uno de protección sustantiva, donde el ejercicio de la patria potestad y la custodia se entiendan como funciones supeditadas al bienestar del menor y no como privilegios de control adulto”, precisó.

La diputada sostuvo que este avance permitiría erradicar el uso del consentimiento legal como moneda de cambio o herramienta de extorsión, garantizando que el derecho a la movilidad y a la vida familiar no dependa de la decisión de un progenitor que ha optado por desentenderse de sus responsabilidades más elementales.