Bajo La Lupa: MORENA DIVIDIDO Y REGLAS INCUMPLIDAS

Escribe: Armando Saavedra Magaña

El VII Consejo Nacional de Morena, realizado el 7 de marzo de 2026 en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México, fue el espacio donde se definieron los lineamientos internos para la selección de candidaturas de cara al proceso electoral de 2027. Con la presencia de ALFONSO DURAZO como presidente del Consejo y LUISA MARÍA ALCALDE como dirigente nacional, se aprobó por unanimidad la estrategia de organización territorial y las reglas que normarán la designación de coordinadores estatales, distritales y municipales, figuras que posteriormente se convertirán en candidaturas oficiales.

El calendario establece que el 22 de junio de 2026 se elegirán las coordinaciones estatales en 17 entidades, el 3 de agosto las distritales federales, el 21 de septiembre las municipales y el 8 de noviembre las distritales locales. El método ratificado fue el de encuestas, con cuatro etapas: convocatoria, filtro, medición de atributos ciudadanos y selección final.

Sin embargo, más allá de la formalidad del acuerdo, lo que ha quedado en evidencia es la fractura interna del partido y la sistemática violación de las reglas por parte de la mayoría de los aspirantes. Las disposiciones aprobadas prohíben espectaculares, uso de recursos públicos, entrega de dádivas, organización de eventos masivos y campañas de descalificación. En estados como Michoacán, estas reglas han sido ignoradas sin pudor: aspirantes organizan actos públicos disfrazados de “asambleas informativas” o “defensa de la 4T”, mientras se difunde propaganda gubernamental acompañada de nombres e imágenes de funcionarios, en clara violación al artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada con recursos públicos.

La ausencia de un reglamento derivado que precise cómo se investigarán y sancionarán estas conductas convierte las reglas en un instrumento ambiguo, más útil para intimidar que para garantizar equidad. La pregunta que queda abierta es quién y cómo hará valer estas disposiciones, pues hasta ahora no existe un mecanismo claro de denuncia ni de investigación interna. El resultado es un partido que, en lugar de fortalecer su unidad, exhibe una militancia dividida y heridas abiertas por la competencia interna, con el riesgo de que esas fracturas se profundicen conforme avance el proceso hacia 2027.

BAJO LA LUPA: PENSIONES RETROACTIVAS

En los últimos meses ha cobrado fuerza una iniciativa legislativa que busca “regular” las pensiones de los funcionarios públicos desde el momento en que se jubilan. El planteamiento proviene de sectores políticos que argumentan la necesidad de equilibrar las finanzas públicas y evitar que ciertos jubilados perciban montos considerados excesivos frente al promedio nacional.

Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas es que la propuesta pretende aplicarse con carácter retroactivo, es decir, afectar a quienes ya se encuentran jubilados y reciben una pensión superior al límite que la propia iniciativa establece. Esto no solo coloca a miles de ciudadanos en una situación de incertidumbre, sino que abre un debate profundo sobre la constitucionalidad de la medida y la protección de los derechos adquiridos.

El tema no es menor: hablamos de personas que durante décadas aportaron al sistema, cumplieron con los requisitos legales y obtuvieron una pensión reconocida por el Estado. La iniciativa, al intentar modificar lo que ya fue otorgado, vulnera principios fundamentales como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la prohibición de aplicar la ley en forma retroactiva cuando ello afecta situaciones consolidadas.

En otras palabras, no se trata de regular hacia el futuro, sino de despojar hacia el pasado, y ese es un límite que la Constitución no permite traspasar. La reforma, en ese sentido, puede ser considerada ilegal porque desconoce derechos sociales que gozan de protección reforzada y porque genera un precedente regresivo en materia de seguridad social.

Para los afectados, la defensa jurídica pasa por invocar la irretroactividad de la ley y el respeto a los derechos adquiridos. Existen mecanismos como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad e incluso recursos internacionales de protección de derechos humanos que pueden ser utilizados para frenar la aplicación de la reforma. La clave está en demostrar que la medida no busca ordenar el sistema hacia adelante, sino alterar lo ya consolidado, lo cual es contrario a los principios constitucionales.

En este escenario, lo recomendable es que los jubilados afectados se organicen, busquen asesoría legal especializada y actúen de manera conjunta para fortalecer sus argumentos ante los tribunales. Solo así podrán defender con eficacia lo que legítimamente les corresponde y evitar que una iniciativa cuestionable erosione la estabilidad de sus derechos.

MISCELÁNEA POLÍTICA.

En los pasillos políticos y en los cafés, se comenta que Movimiento Ciudadano busca convencer a GRECIA QUIROZ, presidenta municipal de Uruapan y viuda de CARLOS MANZO, para que encabece su proyecto rumbo a la gubernatura de Michoacán. Durante la convención nacional del partido celebrada haces unos días en Morelia, los discursos de JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ dejaron entrever un respaldo hacia ella, incluso con la presencia de DANTE DELGADO. En su intervención, MÁYNEZ envió un mensaje de solidaridad al llamado Movimiento del Sombrero y saludó públicamente a la alcaldesa, subrayando que no está sola frente al hostigamiento de actores políticos locales y nacionales. El gesto fue interpretado como un guiño directo a QUIROZ, que la coloca en el radar de MC como posible carta fuerte para la contienda estatal. ¿Y los del Movimiento del Sombrero, qué dirán?

El diputado BALTAZAR GAONA volvió a colocarse en el ojo del huracán tras suspender un ciclo de conferencias sobre perspectiva de género en el Congreso de Michoacán, lo que provocó la protesta inmediata de colectivos feministas que incluso intervinieron su oficina con consignas contra el machismo. El legislador del PT justificó la cancelación alegando que los ponentes no tenían la preparación suficiente, aunque después intentó recomponer la situación al abrir otro evento con la feminista española NURIA VARELA, donde recibió críticas y hasta un libro de “Feminismo para principiantes” como gesto irónico. La controversia exhibe nuevamente su falta de pericia política y lo enfrenta a acusaciones de violencia institucional, lo que abre la incógnita de cómo logrará sortear el pleito con los grupos feministas que lo señalan como un “agresor en el poder”.

El diputado JUAN CARLOS BARRAGÁN presentó una iniciativa para que el Estado compense a ciudadanos que pierdan su vehículo en hechos violentos, argumentando que las familias no deben ser tratadas como “daños colaterales”. Sin embargo, la propuesta ha sido señalada como demagógica, pues no define de dónde saldrían los recursos para cubrir esas indemnizaciones ni quién sería la autoridad encargada de determinar a los beneficiarios. Tampoco establece límites sobre el valor de los automóviles ni criterios claros para aplicar la compensación, lo que convierte la iniciativa en un planteamiento incompleto y difícil de ejecutar. En suma, más que una solución real, parece un recurso político que deja abiertas demasiadas interrogantes sobre su viabilidad.

El PRI atraviesa una etapa de aislamiento que lo obliga a buscar aliados rumbo a las elecciones de 2027. El partido que alguna vez fue dominante ahora enfrenta un panorama incierto y, según analistas, sombrío. ALEJANDRO MORENO ha intentado tender puentes con el PAN, pero dentro del blanquiazul persiste el rechazo tras la alianza de 2024. También buscó acercarse a Movimiento Ciudadano, aunque los naranjas no olvidan los conflictos en Nuevo León contra SAMUEL GARCÍA y MARIANA RODRÍGUEZ. Para complicar más el escenario, el tricolor tiene en ese estado a ADRIÁN DE LA GARZA como figura competitiva, lo que incrementa la tensión con MC. Todo apunta a que el PRI tendrá que enfrentar la contienda en solitario, cargando con la nostalgia de su antiguo poder y la incertidumbre de su futuro inmediato.

A más de lo anterior, el PRI parece empeñado en demostrar que su soledad es producto de sus propias prácticas internas. Tras el cuestionado proceso de reelección de MEMO VALENCIA al frente del partido en Michoacán, ahora se suma otro nombramiento por “dedazo”: JOSÉ RAMÓN REYES GRANADOS fue designado dirigente estatal del Movimiento Territorial sin consulta previa, sin asamblea y mucho menos elección. El anuncio, acompañado de agradecimientos a las dirigencias nacional y estatal, refleja la dinámica cerrada que impera en el tricolor. Estos nombramientos unilaterales, lejos de fortalecer al partido, profundizan la percepción de que el PRI se queda solo, atrapado en viejas formas que lo alejan de la militancia y de cualquier posibilidad de recomponer alianzas rumbo al 2027.

El distribuidor vial conocido como “La Hielera” en Uruapan, inaugurado por el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA con una inversión superior a los 380 millones de pesos, se ha convertido en motivo de controversia. Aunque el discurso oficial lo presenta como solución al tránsito en el Libramiento y la calzada La Fuente, la realidad es que la estructura del teleférico en medio del cruce genera un embudo que mantiene los congestionamientos. Ciudadanos y críticos señalan que la obra no cumple con su propósito y que el gasto millonario se desperdicia. Funcionarios como GLADYS BUTANDA y ROGELIO ZARAZÚA han sido señalados por no atender las anomalías, mientras el gobernador insiste en defender el proyecto. La percepción pública es clara: más que un avance en movilidad, “La Hielera” se ha convertido en símbolo de planeación deficiente y recursos tirados a la basura.

La marcha del 8M volvió a poner en el centro del debate las conquistas y pendientes de la lucha feminista. En Michoacán, colectivos feministas y madres buscadoras señalaron que la violencia y la omisión del Estado siguen siendo obstáculos para alcanzar justicia y verdadera igualdad. Aunque la asistencia no rebasó el millar, la protesta se hizo sentir con fuerza, pero también con polémica: el ataque a la puerta histórica del Colegio de San Nicolás abrió la discusión sobre los límites de la protesta y la eficacia de la violencia contra bienes públicos. La pregunta es inevitable: ¿derribar símbolos patrimoniales contribuye a frenar los feminicidios? La conmemoración del Día Internacional de la Mujer recuerda los hitos de la lucha obrera y feminista, pero también evidencia que las demandas actuales requieren estrategias que fortalezcan la causa sin diluirla en actos que generan más división que consenso.