Bajo La Lupa: Perversión Política detrás del desmantelamiento del IEM

Escribe: Armando Saavedra

El consejo general del INE decidió remover de manera fulminante al presidente IGNACIO HURTADO GÓMEZ y a las consejerías JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ, CLAUDIA MARCELA CARREÑO MENDOZA y MARLENE ARISBE MENDOZA DÍAZ DE LEÓN, bajo el argumento de que usurparon funciones al nombrar un encargado de despacho del órgano interno de control.

La sanción se justificó como una extralimitación grave, pero lo cierto es que el IEM actuó frente a un vacío legal y a la omisión del congreso local, que no designó a tiempo al titular. El consejo general del IEM tiene la atribución de velar por el funcionamiento de sus órganos y resolver los casos no previstos en el código electoral, de modo que habilitar a alguien para atender los asuntos urgentes del OIC no fue un capricho, sino una obligación para evitar la parálisis institucional. El INE, sin embargo, interpretó la medida como invasión de competencias y aplicó la sanción más severa: la remoción inmediata.

La decisión fue recibida con un coro casi unánime de críticas. GUILLERMO VALENCIA REYES, dirigente del PRI en Michoacán, acusó un asalto al IEM para poner consejerías a modo de Morena y denunció un vínculo perverso entre el SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO y el consejero ARTURO MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, señalando que detrás de la remoción hay una estrategia para quedarse con la candidatura de 2027. CARLOS HUMBERTO QUINTANA MARTÍNEZ, dirigente del PAN, habló de control dictatorial y del “cártel de Morena” como enemigo público número uno de la ciudadanía. JESÚS ANTONIO MORA GONZÁLEZ, dirigente de Morena en Michoacán, calificó la medida como autoritaria y desproporcionada. El PRD advirtió que la certeza del proceso electoral 2026‑2027 está en riesgo. El gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA y el presidente del poder judicial de Michoacán, HUGO ALBERTO GAMA CORIA, coincidieron en que la sanción es extrema y amenaza la estabilidad política y democrática del estado.

En medio de ese consenso crítico, la única voz que se levantó para respaldar la decisión del INE fue la del SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, quien consideró justa la sanción y afirmó que los consejeros actuaron fuera de sus atribuciones. Su postura aislada resulta sospechosa, más aún cuando se le señala como beneficiario directo del desmantelamiento del IEM, pues abriría el camino para controlar la ruta hacia la candidatura de 2027. La denuncia de GUILLERMO VALENCIA REYES sobre la conexión entre MORÓN y CHÁVEZ LÓPEZ refuerza la percepción de que no se trata de un acto de legalidad, sino de una consigna política con objetivos personales.

El INE no se limitó al tema del OIC, sino que abrió un expediente de irregularidades que incluyó omisiones en la liquidación de partidos locales, violaciones en materia de transparencia, simulaciones en acciones afirmativas, errores en boletas, adeudos con Talleres Gráficos de México y retrasos en procedimientos sancionadores. Con ello construyó un catálogo de faltas que, más que un análisis puntual, parece una sentencia acumulativa para justificar la medida extrema. El comunicado oficial del INE, con la voz de GUADALUPE TADDEI ZAVALA, insistió en que ni la urgencia ni la temporalidad eximen de responsabilidad. Pero la pregunta es si la sanción fue proporcional al daño. No hubo afectación real al funcionamiento del IEM, al contrario, se evitó una omisión grave.

La remoción deja al instituto sin cinco de sus siete integrantes a menos de tres meses del inicio del proceso electoral, lo que abre un escenario de incertidumbre. ¿Habrá tiempo suficiente para que el senado de la república designe a los sustitutos y se garantice la organización de los comicios? Las consejerías destituidas ya anunciaron impugnaciones, y la esperanza está puesta en que la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación corrija la plana al consejo general del INE y restituya en sus cargos a los consejeros del IEM.

El consejero UUC‑KIB ESPADAS ANCONA advirtió que la falta atribuida no alcanza la gravedad suficiente para justificar la remoción de cinco de los siete integrantes del máximo órgano de dirección del IEM. Señaló que la designación cuestionada tuvo una vigencia de apenas nueve días y no produjo consecuencias materiales ni afectaciones a la función electoral. “No hubo efectos de este nombramiento”, afirmó. El verdadero riesgo, dijo, está en las consecuencias de una remoción masiva, pues el INE tendría que abrir de inmediato un proceso para designar a cinco nuevas consejerías justo cuando se aproxima el arranque del proceso electoral de 2027.

El representante del PAN ante el INE, VÍCTOR HUGO SONDÓN SAAVEDRA, llamó a actuar con prudencia institucional y sostuvo que la remoción no puede convertirse en una consecuencia automática frente a diferencias de interpretación jurídica. La legisladora VERÓNICA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ calificó la decisión como un eventual “desmantelamiento” de la autoridad electoral michoacana. “¿Dónde está el daño material? ¿Por qué se propone sancionar con la remoción si no hay dolo?”, cuestionó.

IGNACIO HURTADO GÓMEZ, respaldado por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ, MARLENE ARISBE MENDOZA DÍAZ DE LEÓN y CLAUDIA MARCELA CARREÑO MENDOZA, insistió en que no se cometió ninguna falta, sino que se trató de una interpretación de la norma para evitar la parálisis del instituto. Recordó que la decisión fue tomada con base en antecedentes del tribunal electoral del poder judicial de la federación y del propio INE en casos similares, como el de Campeche.

El especialista CARLOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ calificó la medida como desproporcionada, al señalar que el IEM ya había iniciado acciones para atender la omisión que dio origen al procedimiento sancionador. Explicó que la remoción simultánea de cinco consejeros deja al IEM con únicamente dos integrantes de su máximo órgano de dirección, situación que puede afectar la toma de decisiones y la continuidad de las funciones que tiene encomendadas.

El trasfondo es claro: el INE quiso dar un escarmiento ejemplar, pero lo que logró fue abrir un frente de desconfianza y sospecha. En lugar de fortalecer la legalidad, sembró la idea de que se actúa con consigna y que se desmantela al IEM en vísperas de un proceso crucial. La sospechosa soledad del SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO en este episodio, sumada a las acusaciones de GUILLERMO VALENCIA REYES, dibuja un escenario donde la política se mezcla con la justicia electoral y deja la impresión de que la sanción fue más un ajuste de cuentas que una aplicación de la norma. La democracia se defiende con certeza y proporcionalidad, no con sanciones que parecen diseñadas para abrirle paso a un proyecto personal. El desenlace está en manos del tribunal, y de su decisión dependerá si Michoacán llega al proceso electoral con un instituto debilitado o con un árbitro restituido y capaz de cumplir su función.

MISCELÁNEA POLÍTICA.

*** Morena arranca su gran selección de aspirantes bajo el disfraz de coordinadores para la defensa de la transformación, justo en plena distracción del Mundial, con un calendario imposible y un método que raya en la simulación, pues se habla de encuestas como llave de acceso cuando resulta inalcanzable levantar casi tres mil quinientas mediciones en tan corto plazo. La paradoja es que se trata de la mayor cosecha de candidaturas en la historia del partido, desde gubernaturas hasta alcaldías y congresos locales, pero el procedimiento es más un acto anticipado de campaña que un ejercicio de legalidad, mientras el INE finge no ver. El verdadero poder de decisión no está en las encuestas sino en las listas que pasarán por CLAUDIA SHEINBAUM, quien hereda un aparato construido por LÓPEZ OBRADOR y ahora deberá imponer su sello, con el riesgo de provocar tensiones con su antecesor. En cuatro días comienza la cosecha y la claridad brilla por su ausencia, salvo la certeza de que cada gobernador quiere dejar sucesor y cada senador su alfil, confirmando que en Morena la democracia interna es más un ritual que una realidad.

*** El PRD en Michoacán ratificó a CONRADO PAZ como coordinador de su bancada en la 76 Legislatura, con el respaldo del CEE y el llamado a fortalecer la relación con alcaldes y dirigencia, gesto que busca dar estabilidad interna en medio de los desafíos que enfrenta el partido. OCTAVIO OCAMPO subrayó la importancia de la coordinación, VERÓNICA GARCÍA pidió unidad y PABLO VARONA exhortó al cierre de filas, mientras PAZ asumió la responsabilidad de conducir a la fracción. En contraste, el paso inadvertido de la diputada BRISSA ARROYO como coordinadora parlamentaria dejó un vacío de claridad, pues aunque renunció a la coordinación no se sabe con certeza si también abandonó la fracción y quizá de una vez al partido, lo que alimenta especulaciones sobre una ruptura definitiva y coloca al PRD en la paradoja de consolidar a un nuevo líder mientras lidia con la incertidumbre de perder a una integrante que nunca terminó de definir su lugar.

*** El diputado HUGO RANGEL presentó una propuesta para regular encuestas y sondeos, buscando evitar que se conviertan en propaganda disfrazada y planteando auditorías metodológicas, registros públicos y una veda ampliada de difusión, pero la discusión parece moverse en un terreno secundario cuando lo que realmente debería ocupar la agenda es la definición clara de la nulidad de cualquier elección en la que se compruebe la intervención de organizaciones criminales. Mientras se habla de márgenes de error y financiamiento oculto, persiste la indefinición sobre cómo blindar los comicios frente a la presión de grupos delictivos que han demostrado capacidad de alterar resultados. La iniciativa contra encuestas abre un debate técnico, pero deja en la sombra el problema mayor: cómo garantizar que la voluntad ciudadana no sea contaminada por la violencia y el dinero ilícito, un vacío que convierte cualquier reforma en un ejercicio incompleto y que mantiene a la democracia en estado de vulnerabilidad.

*** El Consejo Supremo Indígena de Michoacán reaccionó con piel delgadita ante los señalamientos de OCTAVIO OCAMPO, todavía dirigente estatal del PRD, quien acusó a la dirigencia indígena de lucrar con la promoción de autogobiernos en comunidades originarias, y la respuesta fue desproporcionada: seis recursos jurídicos, una denuncia penal, un juicio civil, una queja en derechos humanos, una reclamación en el consejo contra la discriminación, una denuncia administrativa y hasta medidas urgentes en el mecanismo de protección de defensores, además de advertir protestas en el congreso y en las campañas del propio OCAMPO. Lo cierto es que la crítica no es nueva, pues se sabe cómo operan, exigiendo financiamiento para movilizaciones y escudándose en la falta de transparencia para no rendir cuentas del dinero que reciben, de modo que la ofensiva del CSIM parece más un intento de intimidar que de aclarar, dejando la impresión de que detrás de la bandera de autonomía hay un negocio que no soporta la luz pública.