#Morelia Se Manifiestan Ante PJF Para Presionar Al Congreso De Michoacán A Legislar Sobre Desapariciones

STAFF/Marina Alejandra Martínez

La exdiputada local Margarita López Pérez, acompañada por un equipo jurídico, presentó un amparo indirecto en contra del Congreso del Estado de Michoacán por omitir dar trámite al proyecto de decreto de la Ley de Personas Desaparecidas en la entidad, iniciativa que permanece congelada desde hace más de dos años.

El recurso legal fue promovido ante el Poder Judicial de la Federación.

El jurista Carlos Escobedo explicó que este asunto representa uno de los principales pendientes del Parlamento michoacano, debido a que el proyecto de decreto fue elaborado y aprobado por la 75 Legislatura.

Posteriormente fue enviado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para la emisión de observaciones y, una vez devuelto al Congreso, quedó sin avance alguno.

A pesar de que han transcurrido dos años desde ese procedimiento, la iniciativa continúa sin ser atendida por la 76 Legislatura.

La propuesta fue impulsada por un grupo de madres buscadoras en conjunto con López Pérez, quien entonces se desempeñaba como diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La exlegisladora lamentó que el proyecto únicamente fuera devuelto por una observación relacionada con el nombre de la ley y no por el contenido, pese a la grave problemática de desapariciones que enfrenta Michoacán.

«Desafortunadamente, no tenía ningún señalamiento en contra de la elaboración de la ley, sino únicamente en el nombre. No la regresó porque quería que dijera ‘Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas’ y nosotros solamente le habíamos puesto ‘Ley de Búsqueda de Personas’. Le agregamos ese dato en su momento, pero, como mmuestra de represalia para que no se aprobara, aun estando los colectivos en el Congreso, fue por la manifestación que hicimos en apoyo a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública», explicó.

Asimismo, aseguró que en ese momento fue informada de que, como represalia por respaldar a los policías, la iniciativa no sería aprobada y sería enviada a la congeladora legislativa.

Consideró que esta decisión es lamentable, ya que Michoacán requiere con urgencia un marco legal ante el elevado número de personas desaparecidas.

«Para nosotros es imperioso porque, desafortunadamente, todo el recurso que está enviando la Comisión Nacional de Búsqueda a la Comisión Estatal de Búsqueda se está desviando a otros lados, menos a donde debe ir. El personal acude sin herramientas, sin picos, sin palas, sin uniformes, no traen absolutamente nada», afirmó.

López Pérez sostuvo que, en diversas ocasiones, los elementos de seguridad que apoyan a los colectivos llegan sin equipo de rapel y deben utilizar cuerdas improvisadas para descender a zonas de difícil acceso en la búsqueda de fosas clandestinas y recuperación de cuerpos.

La activista, con más de 15 años de acompañamiento a madres buscadoras en Michoacán, también denunció que los cuerpos policiacos enviados a estas labores incluso carecen de gasolina para trasladarse y reciben viáticos insuficientes, lo que los obliga a hospedarse en hoteles ubicados en zonas de mayor riesgo.

«Los elementos caen cansados y tienen que dormir, y nos estamos enfrentando al problema de que llegan los grupos delincuenciales y ponen la música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada. Cuando ven que nos vamos a levantar, termina la música y nadie hace absolutamente nada. Para nosotros es muy delicado. Tenemos que tener una ley que le diga a la Fiscalía General del Estado cómo deben recuperar los cuerpos», exigió.

Lamentó que las madres buscadoras, además del dolor por la desaparición de un familiar y de recorrer zonas de alto riesgo, enfrenten la falta de respaldo por parte del Gobierno del Estado, el Congreso local y los municipios donde realizan sus labores.

Lanzó un llamado a los integrantes de la 76 legislatura a que hagan su trabajo y que no se dejen llevar «por caprichos estúpidos del gobernador» y que voten una ley que aseguró se encuentra muy bien hecha, ya que fue elaborada en base a los criterios de las propias personas afectadas.