Hablemos De … Los 3 Poderes Del Estado De Michoacán, En Contra Del Pueblo

By: Saúl Mora

“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”

Voltaire

Resulta increíble, inadmisible y absolutamente reprobable, que aquellos servidores públicos que de acuerdo a la ley deben representar y servir al gobernado, sean precisamente los que más perjuicio le causan.

Lo anterior es así, porque ante esta crisis sanitaria causada por el #Covid19, han sido todos incapaces de diseñar e implementar las medidas necesarias y adecuadas para contrarrestar dicha crisis, contenerla, pero al mismo tiempo impedir o por lo menos atenuar las consecuencias y efectos que la misma produce en todo ciudadano en otros aspectos, además del de salud, el económico, el laboral, el social y en particular, el que nos ocupa en esta ocasión en esta reflexión, el del acceso a la justicia.

El artículo 17 Constitucional establece en su segundo párrafo, que toda persona tiene derecho de acceso a la justicia, lo que constituye un derecho fundamental que el Estado Mexicano debe respetar y garantizarle al gobernado; sin embargo, al parecer en el Poder Judicial del Estado de Michoacán no conocen ese dispositivo o se rehúsan a cumplir con su deber, afectando con ello a miles y miles de ciudadanos.

Ello porque a casi un año del inicio de esta terrible pandemia, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en lugar de buscar otras alternativas o preparar sus instalaciones, personal y equipo para continuar con su actividad jurisdiccional, es decir, la administración e impartición de justicia en estas circunstancias de crisis ya señaladas, solo se ha limitado a ordenar el cierre de todos los juzgados en el Estado, dejando únicamente posibilidad de atención a ciertos asuntos “urgentes” en materia familiar y penal; medidas que se estiman gravemente perjudiciales para el ciudadano común, por su corta visión y alcance, peor aún, por la falta de sensibilidad para con las necesidades y circunstancias de la ciudadanía en general.

Las drásticas y medievales medidas implementadas por el Poder Judicial del Estado de Michoacán, afectan a los ciudadanos con problemas que no califican como “urgentes”, claro, desde la óptica de dicho Poder, porque para los justiciables sí son urgentes, toda vez que de ello depende en ocasiones su estabilidad económica en el caso de asuntos relacionados con pensiones alimenticias, divorcios con bienes de por medio, sucesiones o mercantiles, etc. incluso en ocasiones también afectando por dichos asuntos, su estabilidad emocional y psicológica, peor aún en aquellos casos que involucren menores de edad, lo que es evidentemente contrario a la máxima y mandato constitucional relativo al interés superior del menor.

Dichas medidas también afectan a los abogados postulantes que vivimos de esa actividad y solo eso tenemos como forma de ingreso y subsistencia esa labor profesional en esas materias, aunque en menor medida, pasa igual en materia laboral, toda vez que también han estado prácticamente paralizadas las actividades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal burocrático –precisando que estas dependencias pertenecen al Poder Ejecutivo estatal-, afectando a trabajadores despedidos que no han podido recibir lo que por derecho les corresponde, ya sea por finiquito, indemnización o liquidación en las diversas modalidades señaladas en la ley de la materia o incluso a trabajadores en activo involucrados en algún conflicto laboral mediante el cual se violes sus derechos.

Lo anterior ante la complicidad y/o tolerancia de quienes se supone tienen la obligación de representar al pueblo en general, el Poder Legislativo, a través de los Diputados locales del Congreso del Estado, quienes han sido incapaces de pensar en reformas a las diversas normas que regulan la actuación de los servidores públicos integrantes de los Poderes antes referidos y que sea necesario modificar para efecto de que puedan cumplir con sus deberes en beneficio de la población que ellos representan, o que en forma conjunta, se busquen soluciones encaminadas a esa labor para que no se obstruya el acceso a la justicia del ciudadano, contrario a ello, solo se interesan en sus propios asuntos electorales para el próximo cargo público por el que buscan competir, sin reparar siquiera en que no han podido con el actual.

Por otro lado, habría que preguntarnos en que se han utilizado los recursos públicos que se les asignaron en el ejercicio fiscal 2020 pasado, toda vez que solo trabajaron escasos 6 meses y eso de forma parcial, así cómo también, en qué se utilizaran los asignados para este Ejercicio 2021, porque no se advierte que se tenga contemplado algún plan para implementar medidas preventivas contra el #Covid19 y que al mismo tiempo les permitan cumplir con su deber a pesar de la pandemia, simplemente se limitaron nuevamente a ordenar el cierre de los juzgados, a través de Acuerdos del Pleno del Consejo señalado, desde inicios del presente año 2021 y de Acuerdos del Ejecutivo estatal en relación con sus dependencias, de manera que simplemente no se ve para cuando regresen a servir al pueblo, a prestarle los servicios que con el pago de sus contribuciones merece.

¿CUÁNDO APARECERÁ LA JUSTICIA EN MICHOACÁN?

¿Y ESAS CONTRIBUCIONES NO UTILIZADAS, TRADUCIDAS EN ECONOMÍAS PARA EL ESTADO, A DÓNDE IRÁN A PARAR?

¿LLEVAREMOS NUEVAMENTE AL PODER A LOS MISMOS QUE NOS TIENEN EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS?

Es cuánto.

M.A. SAÚL MORA PADILLA

TITULAR DEL DESPACHO JURÍDICO CONTABLE

SMP Y ASOCIADOS CONSULTORES S.C.

Contadores Públicos y Abogados

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