Vocera Del Gobierno De Michoacán ‘Desconoce’ Presiones De SSP VS Changoonga

STAFF/ Elly Castillo -Alianza Multimedia Michoacán- (AMMI)

Confundiendo una petición de aclaración, con una propuesta para “debatir”, la vocera del gobierno de Michoacán, Julieta López Bautista, se ha deslindado de las presiones que ha venido ejerciendo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Michoacán en contra de integrantes del STAFF de Changoonga.com.

Mediante diversas vías, primero llamadas telefónicas y mensajes particulares, la Unidad de Asuntos Internos a cargo de José Oscar Maldonado, adscrita a la SSP cuyo titular es Juan Bernardo Corona, ha venido hostigando a personal de esta empresa con la finalidad de que se les entreguen datos personales a la dependencia de una denunciante que confió en este medio de comunicación el pasado 25 de febrero para hacer pública una denuncia en contra de una agente de Tránsito quien primero cayó en un acto de corrupción para enseguida amenazar directamente a la ciudadana en su integridad y la de su hijo en brazos luego de ser grabada en el instante.

El hostigamiento comenzó al siguiente día de la publicación de la denuncia en cuestión titulada “#Denúnciamesta Si grabaste y tengo problemas, te va a ir mal a ti y a tu bebé: Policía” y ha continuado hasta el día de ayer 13 de marzo, es decir, 15 días de presión de parte de la SSP, a pesar de que el 2 de marzo, López Bautista tuvo conocimiento de la situación de la cual sólo se limitó a deslindarse, de manera escueta, luego de externarle la preocupación que prevalece entre el STAFF changoonguero ante posibles actos intimidatorios con el objetivo de inhibir la actividad informativa de este medio.

Al respecto, quien funge como titular de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Michoacán se limitó a informar que la oficina a su cargo “no ha tenido ninguna intervención” al respecto, y agregó:

“La instrucción que tienen los enlaces de comunicación de las diferentes dependencias es la de brindar atención de una manera profesional y apegada a los lineamientos estipulados, manteniendo en todo momento un diálogo permanente y de respeto con los representantes de los medios. Así se ha hecho y se seguirá haciendo”, siendo esa toda su respuesta al asunto expuesto.

Ante la falta de certezas de parte de quien se supone, es formalmente la máxima responsable en la administración silvanista de la relación institucional entre dependencias y medios de comunicación, Changoonga.com fijó una postura editorial públicamente, así como una condena por la actitud de indiferencia mostrada por la funcionaria citada, a lo cual, la vocera López contestó, vía Twitter en respuesta a comentarios expresados por el Coordinador General de esta empresa:

“Con el debido respeto, no voy a entrar a un debate que es ajeno al ámbito de la Coordinación General de Comunicación Social, al tratarse de una notificación oficial de la SSP Michoacán como se expone en la citada publicación” y niega un trato indiferente de su parte:

“La indiferencia que aludes, contrasta con lo publicado @ellycastillo ; en la nota @michangoonga consigna la respuesta que desde el primer momento se te dio de manera institucional, respetando los lineamientos y normas de otra instancia que no es la CGCS”.

Finalmente, fiel a su costumbre cuando en el pasado han surgido agresiones en esta misma administración contra miembros del gremio periodístico, López Bautista agregó “Reitero mi respeto irrestricto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico ético, profesional y veraz. La observancia a esos principios fortalece nuestra sociedad y democracia”.

No se trata de debatir Julieta…

Ante la postura emitida por la vocera gubernamental, Elly Castillo, en su calidad de Coordinador General de Changoonga.com responde:

Ya que la comunicación personal, cara a cara con la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán Julieta López Bautista está negada para mi persona, habremos de llevarla por las redes sociales ya que así ella lo prefiere:

-Esto no se trata de «debatir» ni es el objetivo de mis mensajes, está equivocada. Se trata de que nos den respuestas concretas ante un acto ilegal, y si Ud no es la responsable de coordinar las políticas de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán y sus dependencias, entonces dígame ¿a quién me dirijo? ¿quién cumple esa función?

-La notificación vía oficio de la SSP hacia nosotros para entregar información personal de una víctima de abuso policial, no tiene sustento jurídico alguno y da la impresión que su mera intensión es amedrentar el ejercicio informativo que se realiza en Changoonga.com.

-La indiferencia que señaló, se da desde el momento en que Ud no brinda respuestas y sólo evade responsabilidades, como si una contestación de un párrafo via Whatsapp fuera suficiente para «aclarar» la situación, lo único que hizo fue deslindarse y decirse «respetuosa»

– Volvemos al discurso de siempre de su parte cuando hay agresiones de agentes del gobierno estatal a los medios y sus trabajadores, todo es «respeto y comprensión» de su parte a la prensa, lo cual además de poco creíble, es irrisorio en los hechos.

-Las presiones de la dependencia señalada hacia la empresa que represento, han continuado hasta la tarde de ayer. Yo en lo personal solicité su intervención particular desde el 2 de marzo y nada pasó, por el contrario, el tono de exigencia para entregar «amablemente» la información ha ido en aumento.

Así es que sólo me resta decir-le, gracias por su nula atención y por su indiferencia -de nueva cuenta- hacia el gremio al que según está encargada de atender.

Changoonga.com NO se niega a coadyuvar con autoridades pero debe PROTEGER a sus fuentes

Ante la falta de respuestas -y de certezas- al respecto de la situación expuesta, esta empresa ha determinado fijar una postura editorial mediante esta nota informativa, amén de los recursos legales que ya entabla para proteger la labor periodística de sus trabajadores y colaboradores, así como la independencia de su línea informativa.

Changoonga.com desea estipular ANTE TODO, que NUNCA se ha negado a cooperar / colaborar con autoridades de distintos niveles e instancias para la atención / solución de situaciones y problemáticas que a lo largo de sus 7 años de labor informativa ha cubierto / informado/ difundido con el fin de contribuir a la atención ciudadana tan necesaria hoy en día.

Sin embargo, tenemos el temor de que agentes de la SSP actúen en represalia, en primer término en contra de la denunciante, y en segundo plano en contra del medio informativo y sus integrantes, debido a que no hay certeza alguna de que los datos que se solicitan a esta empresa sean empleados de la forma adecuada y por el contrario, hacemos patente nuestra incredulidad de que este proceder sea el correcto de parte de una dependencia gubernamental, toda vez que no hay antecedente de una petición así, a este medio ni a ninguna otra empresa de comunicación, o periodista michoacano, según ha sido consultado de manera gremial.

En pocas palabras, tenemos temor de que desde la SSP busquen “venganza” por la situación evidenciada. Tanto contra la denunciante como contra el medio.

Existe todo un marco legal que garantiza el derecho que tenemos de proteger la privacidad de la persona denunciante, ya que no tenemos conocimiento de que haya cometido ningún delito; a la luz de la Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública y gubernamental.

También, cobijados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consagra que: “Art. 6: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado…”

Y que…

“Art. 7: Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera material. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos…”