Ciudadanos Emergentes… La Procuración de Justicia en México.

By: Arturo Ismael Ibarra

La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

México enfrenta una grave problemática en materia de procuración y administración de justicia, lo que se refleja en los insuficientes resultados que la Fiscalía General de la República (FGR), así como las procuradurías y fiscalías estatales tienen ante la crisis de impunidad e inseguridad que se vive, los cuales indican que a nivel nacional la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito es de 1.3%, mientras que en Guerrero es de 0.2%, lo que significa que solo uno de cada 500 delitos en esa entidad se logra esclarecer, en tanto que Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas presentan porcentajes inferiores al 0.6%.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un órgano colegiado, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública; encargado de generar y dar seguimiento a las estrategias, acciones y políticas necesarias para el combate a la delincuencia, la investigación del delito y la seguridad jurídica.

La procuración de justicia es una labor extraordinariamente delicada, porque implica a derechos humanos de especial relevancia como la libertad y diversos aspectos de la seguridad jurídica de las personas. El cual se atiende a través de la Fiscalía General de la República y en cada entidad federativa a través de Procuradurías o Fiscalías.

El tema del Ministerio Público, titular de la procuración de justicia, se centra sobre cuál debe ser su estructura y funciones en un moderno Estado democrático de derecho.

Entonces, es una cuestión relacionada con los límites del poder y las libertades públicas, así como con garantías individuales e, incluso, sociales.

El ejercicio de la acción penal es demasiado importante para los derechos humanos para dejarlo en las manos del Poder Ejecutivo, y que pueda contaminarse por causas políticas o partidistas. La imparcialidad y la objetividad del Ministerio Público son requisitos indispensables para asegurar la vigencia de diversos derechos humanos.

La carpeta de investigación reviste especial importancia, en virtud de que puede restringir la libertad de los individuos e, incluso, si no se llega a ejercer la acción penal, dicha averiguación puede traer consigo consecuencias psíquicas, sociales y económicas para el afectado.

A pesar de lo anterior, históricamente el Ministerio Público forma parte del Poder Ejecutivo o se encuentra cerca o influido por él. Son muy pocos los países en los cuales el Ministerio Público goza de real autonomía técnica, más allá de lo que prescriben las Constituciones y las leyes.

En términos generales y con honrosas excepciones, los agentes del Ministerio Público y los de la policía de investigación laboran con incompetencia, falta de preparación, irresponsabilidad, carencia de compromiso jurídico, a base de consignas, a menudo con corrupción y desprecio a los derechos humanos.

El panorama no puede ser más desolador y la víctima es la sociedad, la cual contribuye poco o nada a que aquél se modifique, tal y como expongo con posterioridad.

En tal virtud, el tema de la procuración de justicia debe preocupar.

En México, en este tema no se avanza, y cuando se logra dar pasos positivos, de inmediato aparece Atila para borrar por completo lo construido.

Arturo Ismael Ibarra Dávalos. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Catedrático de la misma. Preside la asociación civil Bien Común Michoacán, Abogado de Laborissmo, “Por la Mejora en el Ámbito del Trabajo”. Secretario General del Foro Política y Sociedad. Maestrante de la Maestría en Ciencias, con especialidad en Políticas Públicas del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial (INIDEM).

Correo electrónico de contacto arturoismaelibarradavalos@hotmail.com