Bajo La Lupa: Morón, Entre El Caso Manzo Y Sus Propios Fantasmas

Escribe: Armando Saavedra Magaña

*Dudoso Control Y La Verdad Torcida Del Edificio Judicial.
*UMSNH: Entre La Parquedad Y La Estridencia.
*Miscelánea Política.

El mini exdiputado FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA salió a denunciar en redes un supuesto “compló” contra RAÚL MORÓN OROZCO, acusando al PRI, a independientes y a cercanos al gobierno estatal de usar a la Fiscalía de Michoacán para ensuciar el proyecto político del profesor. Según FIDEL, el Fiscal CARLOS TORRES PIÑA actúa movido por sus ambiciones personales y no por la procuración de justicia, y hasta se atrevió a comparar este escenario con el desafuero de LÓPEZ OBRADOR en 2005.

Pero la comparación es falaz: a AMLO lo desaforaron en un contexto jurídico específico, mientras que a MORÓN lo sancionó un tribunal electoral por la incapacidad de sus colaboradores para llevar la contabilidad de su precampaña. No fue complot, fue negligencia. Hoy, los estudios demoscópicos serios muestran que Morón ha perdido puntos en las preferencias y que la marca Morena sigue cargando a sus aspirantes, porque el profesor no aporta nada adicional.

El caso Manzo sí le pesa: los negativos crecen y la estrategia de sus adversarios de medirlo como candidato del PT o PVEM refuerza la percepción de ruptura con Morena. A ello se suma su pleito con Bedolla y su grupo, alimentado por sus propios cercanos, y su contradicción al decir que no tiene fijación con la gubernatura mientras publica fotos con Claudia Sheinbaum bajo la consigna “Recuperemos Michoacán”. ¿Recuperar de quién?

Si las circunstancias políticas del día a día ya pesan sobre Morón, más grave aún es la losa que arrastra con la fauna de promotores que lo rodean. Porque no es sólo el desgaste de encuestas o el caso Manzo: es la cola larga y oscura de sus propios aliados. ¿O acaso Morón no sabe —o finge no saber— el prestigio de sus cercanos? El Jarocho, Reyes, Barragán, Puebla, en mini y una lista interminable de personajes que, lejos de sumar, restan. La pregunta es inevitable: ¿de veras no lo sabe Raúl? ¿O ya decidió cargar con esa lápida, aunque lo hunda más rápido que cualquier “compló”?

EL DUDOSO CONTROL Y LA VERDAD TORCIDA DEL EDIFICIO JUDICIAL.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, HUGO GAMA CORIA, necesita demostrar que tiene el control sobre todos los juzgadores, pero hasta ahora no lo ha logrado. Su origen político lo persigue y se refleja en la falta de disciplina de sus colegas, quienes recibieron un severo mensaje cuando fueron suspendidos e inhabilitados por haberse largado de vacaciones sin permiso ni derecho. Ese episodio mostró que la presidencia quiere imponer jerarquía, pero también exhibió que la falta de control puede derivar en decisiones equivocadas, como la determinación de demoler el edificio de la Escuela Judicial bajo el falso pretexto de una falla geológica, cuando la verdad es que ahí hay delitos por perseguir y responsabilidades que no se han aclarado.

El primer gran mensaje de GAMA CORIA fue claro: a través del Tribunal de Disciplina Judicial sancionó a un grupo de juzgadores que se fueron de vacaciones de fin de año sin derecho ni autorización. El mensaje buscaba reafirmar que en el Poder Judicial hay jerarquías y que la presidencia manda. Sin embargo, el origen político de los juzgadores ha implicado que no todos se alineen. Muchos de los recién electos llegaron gracias al patrocinio de liderazgos de Morena: unos bajo el grupo de CARLOS TORRES PIÑA, otros bajo el grupo del magistrado LENNIN SÁNCHEZ, y más nombres que se acomodaron en los “acordeones”. Esa pluralidad de paternidades políticas explica por qué no hay armonía entre los jueces y su presidente.

No fue el Poder Judicial quien salió a dar la cara, sino el Órgano de Administración Judicial, a través de la magistrada MAYRA XIOMARA TREVIZO GUÍZAR, quien señaló que se calcula el costo del derribo del edificio de la Escuela Judicial. El inmueble lleva ya dos décadas en obra negra y presenta fallas estructurales graves. Sin embargo, se insiste en la versión de que fue construido sobre una falla geológica, lo que es falso. La verdad es que el edificio está ladeado por defectos en la cimentación, producto de una obra mal ejecutada y nunca sancionada.

El contrato de construcción fue adjudicado a la empresa de los hermanos GALLO PALMER, y pese a las fracturas y el riesgo evidente, nunca se les sancionó. El entonces presidente del Poder Judicial, hoy diputado JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA, se deslindó en su momento, asegurando que la responsabilidad era de la Secretaría de Obras Públicas del Estado. El resultado es un “elefante blanco” que simboliza corrupción y simulación administrativa. La sociedad michoacana merece saber con transparencia que no se trata de un accidente natural, sino de una estafa institucional que enterró millones de pesos en un inmueble inservible.

La falta de control interno en el Poder Judicial no solo se refleja en la indisciplina de los juzgadores, sino también en decisiones equivocadas que buscan ocultar responsabilidades. Demoler el edificio de la Escuela Judicial bajo un falso pretexto es una salida fácil, pero no es la solución. Lo que se necesita es informar con rigor y transparencia, señalar responsables y perseguir los delitos que se cometieron en esa construcción. Solo así podrá recuperarse la credibilidad y demostrar que la presidencia de HUGO GAMA CORIA no es simulación, sino control real y compromiso con la justicia.

UMSNH: ENTRE LA PARQUEDAD Y LA ESTRIDENCIA

Un secretario de finanzas dijo poco, pero los medios dijeron mucho. Bastó una frase seca para que se desatara la tormenta: “la Universidad no administra bien sus recursos”. Y con eso, algunos sectores universitarios pidieron auditoría inmediata y hasta la renuncia de la rectora. El problema no es la frase, sino la resonancia. Cuando se habla de dinero público, cada palabra pesa más que los millones que describe.

Los papeles oficiales cuentan otra historia: El incremento salarial 2025 se cubrió con subsidios federales y estatales, más recursos propios de la Universidad; La nómina está timbrada ante SAT y SHCP, garantizando fiscalización; El presupuesto total asciende a más de 4,800 millones, con disciplina financiera: 90% a salarios y prestaciones, 10% a operación; La Universidad se somete a auditorías de la ASF y la ASM, además de despachos externos y dictámenes de seguridad social y claro, a consecuencia de ellas, existen observaciones en seguimiento.

Ahí está el contraste: mientras la declaración del secretario se quedó en lo parco, los documentos muestran un entramado de convenios, anexos y auditorías que hablan de una institución bajo revisión constante.

La conclusión es simple: lo que falta no es dinero ni legalidad, sino comunicación. El gobierno estatal exige claridad, la Universidad tiene papeles en regla, y la comunidad merece certezas. Entre la parquedad oficial y la estridencia mediática, lo que vale son los informes de auditoría.

AUDITORÍAS ASF – CUENTA PÚBLICA 2023

Auditoría número 1293 (Forense), con 5 observaciones, 1 recomendación, 6 PRAS y 2 PEFCF cuyo Estatus es: En seguimiento.

Auditoría número 1294 (Integral), con 1 observación, 2 recomendaciones, 1 PRAS y 1 PEFCF, cuyo estatus es: En seguimiento

Auditoría número 1285 (Participaciones Federales) Realizada al estado de Michoacán, con 1 recomendación y con solicitudes de aclaración

AUDITORÍAS ASM – CUENTA PÚBLICA 2023

Auditoría número 1157 (Financiera) con 33 observaciones (IPIS), cuyo estatus es: En seguimiento

Auditorías ASF – Cuenta Pública 2024

Auditoría número 1260 (Integral), con 14 observaciones preliminares, cuyo estatus es: Observaciones preliminares

Auditoría número 1254 (Participaciones Federales), Realizada al estado de Michoacán, cuyo estatus es: En proceso de entrega de información

AUDITORÍAS ASM – CUENTA PÚBLICA 2024

Auditoría número 944 (Integral) con 11 observaciones preliminares, cuyo estatus es: Observaciones preliminares.

AUDITORÍA SUPERIOR DE FEDERACIÓN (ASF) CUENTA PÚBLICA 2024

Auditoría número 1260 – Integral, con 14 observaciones preliminares, cuyo estatus es: Observaciones preliminares.

Auditoría número 1254 – Participaciones Federales, realizada al estado de Michoacán, con un estatus de: Entrega de información

MISCELÁNEA POLÍTICA.

Claudia Sheinbaum fijó una línea dura: quienes ocupen cargos públicos y aspiren a contender en 2027 deberán separarse de inmediato de sus funciones. La presidenta subrayó que no habrá excepciones ni privilegios, pues busca evitar el uso de recursos gubernamentales con fines partidistas. Recordó que los procesos internos de Morena deben realizarse con reglas claras y bajo la supervisión del INE y el Tribunal Electoral. El mensaje apunta a frenar anticipos de campaña y a marcar distancia entre gobierno y partido.

“Entre compadres te veas”: diputados de Morena, PVEM, PT, RP y hasta del PRD se lanzaron contra el diputado independiente CARLOS ALEJANDRO BAUTISTA TAFOLLA, del Movimiento del Sombrero, por solicitar apoyo técnico y científico a autoridades de Estados Unidos para esclarecer el asesinato del alcalde de Uruapan, CARLOS MANZO. En un posicionamiento oficial, lo acusaron de “traidor a la patria” y de promover el entreguismo, afirmando que México no admite tutelajes extranjeros. La condena, firmada por legisladores del Congreso de Michoacán, reavivó el debate sobre soberanía, cooperación internacional y los límites del nacionalismo legislativo frente a crímenes de alto impacto.

VÍCTOR MANUEL MANRIQUEZ, Coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, habría gastado las prerrogativas de 2025 que el IEM asignó a MC, para “comprar” un edificio. Legalidad: la LGIPE y el Reglamento de Fiscalización permiten usar financiamiento público ordinario para infraestructura y bienes inmuebles—si el bien queda en el patrimonio del partido, se registra contablemente, se reporta en informes anuales y no se destina a campañas ni a uso personal.

Lo clave es verificar: acuerdo del IEM de financiamiento 2025–2026, informes anuales de MC ante IEM/INE, escritura y registro contable del inmueble, y si el gasto se clasificó como “actividad ordinaria permanente”. Para 2026, el monto a MC se calcula con la fórmula local (30% igualitario, 70% proporcional por voto previo); toca revisar el acuerdo anual de prerrogativas del IEM y el porcentaje de votación de MC en la última elección. Si el inmueble no está en el patrimonio de MC o se trianguló para fines particulares, ahí sí hay ilícito y sanción; si cumple reglas, es controvertible políticamente, pero legalmente viable.

La visita de Claudia Sheinbaum al puerto de Lázaro Cárdenas el sábado 11 de enero estuvo marcada por una convocatoria sindical obligatoria. El documento oficial de la Sección 271 del Sindicato Minero instruyó a los trabajadores a asistir, portar la camiseta roja de unidad e invitó a familiares y amistades. La participación fue considerada como asistencia laboral, y se anunció la entrega de boletos al final del evento. Firmada por el secretario de Asuntos Políticos, Alberto Hernández Arévalo, la convocatoria fue explícita en su carácter oficial. El tono y formato del llamado reavivan el debate sobre el acarreo como práctica vigente, incluso en tiempos de transformación.