#Michoacán Animalistas Piden A Diputados Elevar A ‘Delito Grave’ El Maltrato Animal

Carlos Maya, abogado e integrante de la Asociación de Abogados y Animalistas de México (ASAAM), hizo un llamado urgente al Congreso del Estado para reformar el Código Penal de Michoacán y clasificar como delito grave los actos de crueldad contra los animales.

Maya lamentó que actualmente actos como el envenenamiento, ahorcamiento o incluso el abuso sexual de un animal no se sancionen con penas ejemplares.

Explicó que estos delitos, pese a su gravedad, solo contemplan castigos de hasta seis años de cárcel, mientras que otras conductas como alterar una placa vehicular pueden alcanzar ocho años de prisión.

«Los acusados por crueldad animal suelen beneficiarse de mecanismos como acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales, sin enfrentar consecuencias reales. Es absurdo que delitos como manipular una placa de auto se castiguen con más severidad que matar a un animal con crueldad», lamentó.

Recalcó que este desequilibrio legal socava el principio de justicia y, peor aún, permite que delitos atroces queden impunes.

El abogado ejemplificó con el caso del exalcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, quien asesinó a balazos a las perritas Buba y Canela sin que hubiera una sanción proporcional.

Subrayó que las salidas alternas previstas en el sistema penal acusatorio, como la suspensión condicional del proceso o los acuerdos reparatorios, están condicionadas a que la pena máxima no exceda los cinco años.

Así, incluso con agravantes, el delito de crueldad animal rara vez supera esa media aritmética, abriendo la puerta a la impunidad.

Añadió que el no castigar con justicia estos hechos genera descontento social y una profunda percepción de impunidad entre la ciudadanía michoacana, lo que afecta el tejido social.

En su calidad también de abogado del Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), Maya, instó al Poder Legislativo a no frenar los avances recientes en materia de protección animal.

Pidió que se modifiquen las disposiciones penales pertinentes para que la crueldad animal sea considerada delito grave, se aumenten las penas, y se garantice justicia para las víctimas no humanas.