Congreso De Michoacán Va Vs Pseudofinancieras Automotrices, Buscan Duplicar Penas

El diputado local Guillermo Valencia Reyes presentó una reforma al Código Penal que calificó como ambiciosa, con el propósito de perseguir de oficio a empresas fraudulentas que ofrecen créditos con mensualidades bajas para la adquisición de vehículos que nunca son entregados.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el legislador expuso que en Michoacán han sido defraudadas cientos de víctimas bajo la promesa de financiamiento para un vehículo, previo pago de un enganche y mensualidades, lo cual —afirmó— jamás se concreta.

Detalló que, a través de la organización Revolución Social, presidida por su hermano René, han recibido cientos de quejas contra al menos cuatro pseudoempresas financieras instaladas en Morelia y otras en distintos municipios del Estado.

“El modus operandi es sencillo, te ofrecen cualquier vehículo con bajo enganche, mensualidades accesibles e intereses tolerables, y la promesa de que, en cierto tiempo, mientras cumplas tus pagos mensuales puntuales, recibirás tu vehículo. Para ello les hacen firmar un contrato con el cual estas empresas o pseudoempresas pretenden volver contractual y mercantil una estafa para evadir la justicia penal”, afirmó.

Indicó que cuando los afectados se cansan del incumplimiento del supuesto contrato, tras negativas reiteradas en la entrega del vehículo y malos tratos al exigir sus derechos, descubren que fueron víctimas de un fraude.

Valencia Reyes explicó que muchas personas recurren a instancias como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), donde de buena fe se inician procedimientos que resultan insuficientes frente a estructuras diseñadas para delinquir y desaparecer.

La iniciativa plantea tipificar la conducta como fraude específico, agravar las sanciones y extender la responsabilidad penal a todas las personas relacionadas laboralmente con estas pseudoempresas dedicadas a cometer fraudes automotrices, además de establecer la persecución de oficio.

Asimismo, propone duplicar las penas conforme a la cuantía del fraude, atribuir responsabilidad penal sin importar actividad o jerarquía —misma que calificó como rotativa y parte de una simulación— y erradicar de forma permanente este delito.